Las autoridades de Malasia informaron este martes que más de 10.000 ciudadanos birmanos fueron deportados a su país desde enero, en el marco de un programa de devolución que el Gobierno presenta como voluntario para las personas que decidan solicitarlo. El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, sostuvo que muchos de los retornados habían llegado al país tras huir de la guerra civil y de la crisis humanitaria que atraviesa Birmania.
Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, Malasia recibió a unos 193.000 refugiados procedentes de Birmania, de acuerdo con datos de Naciones Unidas. El Gobierno malasio advirtió sobre el impacto económico de la permanencia de esas personas y también vinculó su presencia con una disminución de la seguridad, argumentos que fueron utilizados para respaldar la continuidad de las devoluciones.
Durante una intervención ante el Parlamento, Anwar confirmó que el proceso seguirá adelante y precisó que unas 1.400 personas regresaron durante la última semana en embarcaciones, como parte de un acuerdo bilateral entre ambos países. La medida generó críticas de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que alertaron sobre los riesgos que podrían enfrentar los retornados, especialmente los integrantes de la minoría rohinyá.
La Alta Comisionada Adjunta de ACNUR para la Protección, Edem Wosornu, señaló que Birmania continúa sumida en un conflicto y atraviesa una grave situación humanitaria. Las organizaciones cuestionan que las devoluciones puedan exponer a los refugiados a un escenario de inseguridad y vulnerabilidad al regresar.
