A 45 años del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, la discusión sobre la desclasificación de documentos relacionados con ese evento se intensifica en el Congreso. Aunque el Gobierno ha anunciado la inminente desclasificación de ciertos archivos, líderes políticos como Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, consideran que esta medida es insuficiente y han instado al presidente Pedro Sánchez a aprobar una nueva Ley de Secretos.
El anuncio sobre la desclasificación se realizó el lunes 23 de febrero de 2026, coincidiendo con la conmemoración del 45º aniversario del 23F. Según lo informado, el Consejo de Ministros planea aprobar esta desclasificación en la sesión del martes siguiente. No obstante, Maíllo ha enfatizado que, a pesar de que la medida es positiva, es fundamental actualizar la legislación existente, que aún se basa en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, un marco normativo que, en su opinión, debe ser reemplazado por uno que refleje los principios democráticos y de transparencia actuales.
Maíllo ha manifestado que de haber tenido la oportunidad de liderar el Gobierno, ya se habría promovido la apertura de estos documentos. Además, subrayó la urgencia de sustituir la ley de 1968, a la que calificó de "infame" por sus orígenes. Esta necesidad de modernización ha sido un reclamo histórico del Partido Nacionalista Vasco, que ha presentado en reiteradas ocasiones iniciativas de reforma, aunque estas han quedado sin avanzar debido a prórrogas en los plazos de enmienda y la falta de consensos definitivos. Mientras tanto, el proyecto de Ley de Información Clasificada impulsado por el Gobierno continúa estancado en el Congreso, sin avances significativos en su tramitación.
