En un importante anuncio realizado este miércoles, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio a conocer una inversión de 381 millones de reales, equivalente a aproximadamente 75 millones de dólares, destinada a la pavimentación de la carretera BR-319. Esta vía, que cruza la selva amazónica y conecta los estados de Amazonas y Rondonia, ha sido objeto de controversias y debates durante años. El acto tuvo lugar en Iranduba, un municipio situado a 37 kilómetros de Manaos, la ciudad más poblada de la región, que alberga a más de dos millones de habitantes. Lula describió la BR-319 como “la carretera más moderna del mundo” en términos de protección ambiental, una afirmación que genera escepticismo entre diversos sectores.
La BR-319 fue inaugurada en 1976 durante la dictadura militar brasileña, pero su construcción quedó incompleta, y de sus 900 kilómetros, alrededor de 400 siguen sin asfaltar, convirtiéndose en prácticamente intransitables durante la temporada de lluvias. El gobierno actual argumenta que la vulnerabilidad del transporte fluvial, especialmente en el río Madeira, que ha sido afectado por sequías recurrentes, justifica la necesidad de avanzar con esta obra terrestre. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada por defensores del medio ambiente y comunidades indígenas que consideran que la pavimentación de la carretera traerá consecuencias devastadoras para la selva.
Este proyecto ha estado marcado por décadas de litigios y bloqueos. En julio de 2025, se resolvió un conflicto entre los ministerios de Transporte y Medio Ambiente mediante el lanzamiento del “Plan 319”, que busca equilibrar la construcción de la carretera con la implementación de medidas de protección ambiental en un área de 50 kilómetros a cada lado de la vía. En abril de 2026, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes anunció la licitación del tramo central, con el ministro George Santoro asegurando que la totalidad de la carretera estará bajo contrato antes de finales de junio.
Las medidas de salvaguarda presentadas por el Gobierno incluyen un monitoreo ambiental continuo, la instalación de nuevos puestos de control, la creación de bases de inspección, así como la expansión de reservas naturales y territorios indígenas. No obstante, organizaciones científicas y ambientalistas consideran que estas acciones son insuficientes para mitigar el impacto que tendrá la pavimentación en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. Investigaciones publicadas en revistas científicas de renombre, como Science y Nature, advierten que la construcción de la carretera abrirá el acceso a áreas de selva primaria que son consideradas como algunas de las mejor conservadas del mundo, afectando a unas 18.000 personas que habitan en 69 territorios indígenas cercanos.
Los datos empíricos respaldan las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la BR-319. Un estudio de 2014 publicado en Biological Conservation reveló que el 95% de la deforestación en la Amazonia ocurre dentro de un radio de 5,5 kilómetros de las carreteras, y que por cada kilómetro de carretera oficial surgen aproximadamente tres kilómetros de caminos ilegales. Las tasas de deforestación en un radio de 40 kilómetros de la BR-319 ya superan más del doble de la media de toda la Amazonia, lo que plantea serios interrogantes sobre la viabilidad de este proyecto.
Marcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima, expresó su preocupación al afirmar que las medidas de protección deberían haberse implementado antes de dar luz verde al asfaltado, y no en paralelo a este proceso. Recordó que el simple anuncio de la reconstrucción de la carretera durante la administración de Jair Bolsonaro casi duplicó la deforestación y la apropiación ilegal de tierras en la región. Esta situación crea una contradicción política significativa para Lula, quien ha sido un defensor del medio ambiente y organizador de la COP30, lo que genera un dilema entre el desarrollo económico y la protección de la Amazonia.
La decisión de avanzar con la pavimentación de la BR-319, en medio de la campaña electoral, plantea preguntas sobre la dirección futura de la política ambiental en Brasil y el compromiso del gobierno con la sostenibilidad. La balanza entre desarrollo infraestructural y la conservación del medio ambiente es un tema de debate crucial que tendrá repercusiones tanto en el ámbito nacional como internacional. La comunidad global estará atenta a cómo se desarrollan estos planes y a las posibles consecuencias que puedan surgir en la mayor selva tropical del mundo.
