Las recientes intervenciones en los partidos justicialistas de Salta y Jujuy han avivado el conflicto existente entre el peronismo federal y el kirchnerismo, generando un clima de tensión que podría tener repercusiones en el panorama electoral. Esta situación se enmarca dentro de una disputa más amplia que se entrelaza con los posicionamientos de los diferentes sectores respecto a la gestión del presidente Javier Milei. Por el momento, estas tensiones parecen desarrollarse en paralelo a las negociaciones sobre la conformación de listas electorales para los próximos comicios.
La reciente anulación de la intervención del Partido Justicialista (PJ) en Jujuy, que había sido establecida inicialmente por el expresidente Alberto Fernández y mantenida por Cristina Kirchner, se ha interpretado como una victoria significativa para el peronismo federal. Este grupo, que incluye a gobernadores como Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, así como la senadora jujeña Carolina Moisés, se siente fortalecido por este cambio, que deja al partido bajo la conducción de Ricardo Villada, un hombre de confianza del gobernador salteño.
Este movimiento político ha dejado al kirchnerismo en una posición comprometida y ha encendido los ánimos entre los gobernadores peronistas, quienes han estado denunciando diversas irregularidades en la gestión de los PJ a nivel provincial. Un dirigente cercano a este sector afirmó: "Si competimos en igualdad de condiciones, les ganamos a los K. La estrategia de Máximo Kirchner ha sido expulsarnos de los PJ de Jujuy y Salta para impedir que podamos presentarnos como candidatos en las internas". Esta declaración refleja la percepción de que el kirchnerismo ha buscado extender las intervenciones para evitar una competencia que podría resultar desfavorable para ellos.
El gobernador Sáenz ha manifestado su deseo de abrir el juego para una contienda interna en el PJ de Salta, partido que, hace poco, también experimentó cambios en su intervención. Los anteriores interventores, Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, vinculados a Cristina Kirchner, han sido reemplazados por Pablo Kosiner, un referente próximo al exgobernador Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, algunos de sus detractores internos sostienen que Kosiner buscará implementar una intervención judicial que complica aún más la situación del partido.
Ante este panorama, el nuevo interventor se enfrenta a un desafío considerable: debe gestionar un proceso electoral interno que permita descomprimir la tensión y reestructurar el partido. Kosiner ya ha esbozado un cronograma electoral que prevé la realización de una asamblea el 25 de octubre, además de planificar un trabajo que contemple consultas con las diversas facciones del peronismo y los PJ locales. Esta estrategia tiene como objetivo evaluar el presupuesto de cara a las elecciones, establecer un nuevo reglamento interno y designar a una nueva junta electoral.
A pesar de estos avances, la oposición interna no se ha hecho esperar. Esteban Amat Lacroix, ex presidente del PJ salteño y actual presidente de la Cámara de Diputados de Salta, ha presentado un escrito ante la justicia electoral cuestionando el nuevo cronograma electoral. Los allegados a Kosiner consideran que estas acciones son meros intentos de obstaculizar el proceso democrático dentro del partido y están decididos a buscar soluciones que permitan avanzar de manera ordenada hacia las internas.
En conclusión, la situación en los PJ de Salta y Jujuy se ha convertido en un campo de batalla entre dos corrientes del peronismo argentino, donde cada movimiento y decisión repercute en la dinámica política del país. La forma en que se resuelva este conflicto interno no solo determinará el futuro del justicialismo en estas provincias, sino que también tendrá implicaciones significativas en el escenario electoral nacional, donde el peronismo enfrenta desafíos cruciales ante un panorama político cada vez más polarizado.
