El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones y la disolución de las Cortes. La decisión paraliza las iniciativas que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes todavía tenía en trámite parlamentario, entre ellas la reforma del Estatuto Fiscal y los cambios previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Ambas propuestas deberán ser retomadas desde el inicio por el Parlamento que surja de las urnas el próximo 29 de noviembre, si la nueva mayoría decide impulsarlas nuevamente.
La reforma del Estatuto Fiscal buscaba reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal mediante la separación del mandato del fiscal general del Estado respecto del período de gobierno. El Consejo de Ministros había aprobado en mayo de 2025 el anteproyecto, cuyo objetivo declarado era fortalecer la independencia de la Fiscalía y responder a las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea y el Consejo de Europa.
El texto establecía que el fiscal general tuviera un mandato de cinco años, sin coincidencia obligatoria con el del Ejecutivo, y que no pudiera ser renovado, salvo en los casos en que hubiera ejercido el cargo durante menos de un año. También contemplaba límites para evitar ceses discrecionales: el Gobierno solo podría removerlo por un incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y después de contar con un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La otra iniciativa afectada por la disolución de las Cortes era la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que planteaba limitar el alcance de la acusación popular. Como las medidas aún no habían sido aprobadas, su tramitación decae junto con la legislatura y su futuro dependerá de la composición y de las decisiones del próximo Parlamento.
