Un reciente análisis de la Fundación Mediterránea revela que las provincias argentinas concluyeron el año 2025 con un déficit financiero equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), marcando una notable regresión en comparación con 2024, cuando se había registrado un superávit de 0,1% del PBI. Este retorno al rojo fiscal pone de relieve las complicaciones económicas que atraviesan los gobiernos provinciales y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas en un contexto de incertidumbre económica y presiones electorales.

El informe destaca que en 2023, antes del actual ciclo gubernamental, las provincias también enfrentaron un déficit del 0,3% del PBI. Sin embargo, la situación parecía mejorar en 2024, cuando se implementaron ajustes que permitieron a las provincias alcanzar un superávit financiero. Este superávit se logró a pesar de una caída real de los ingresos del 12,8% y una reducción del gasto del 14,9%, lo que pone de manifiesto el esfuerzo realizado en la contención de gastos durante ese periodo.

No obstante, el panorama cambió drásticamente en 2025, cuando las provincias revertieron el ajuste fiscal. Según el informe, las erogaciones crecieron a un ritmo del 6,5%, superando el aumento de los ingresos, que fue del 2,9%. Este desajuste se tradujo en un deterioro fiscal que podría complicar aún más la situación económica de los gobiernos provinciales en los próximos años, especialmente considerando el impacto de las elecciones en el gasto público.

El ciclo electoral tiende a generar un aumento en los gastos, lo que, combinado con una desaceleración de la actividad económica y recortes en las transferencias del gobierno nacional, ha contribuido a este nuevo déficit. El estudio resalta que, entre 2023 y 2025, los ingresos totales de las provincias se redujeron un 10,3% en términos reales, mientras que sus erogaciones experimentaron una caída del 9,4%. Esta tendencia sugiere que las provincias están lidiando con una presión financiera creciente, exacerbada por la falta de recursos provenientes del nivel nacional.

Desde la Fundación Mediterránea se observa que, en contraste, el sector público nacional también tuvo que afrontar una disminución en sus ingresos totales del 8,1%, aunque con un ajuste del gasto que alcanzó el 27,6%. Este desajuste fiscal en el ámbito provincial es un reflejo de la difícil situación que viven los diferentes niveles de gobierno en Argentina, lo que podría llevar a una mayor dependencia de financiamiento externo para cubrir sus necesidades básicas.

En términos de gasto, el informe señala que las provincias han recortado un 9% su gasto total en términos constantes entre 2023 y 2025, con una disminución del 6% en el gasto corriente y del 30% en el gasto de capital. Esta reducción se ha visto más marcada en provincias como San Luis, La Rioja y Catamarca, mientras que solo unas pocas, como Neuquén y Chubut, han incrementado sus erogaciones. Esto sugiere que la mayoría de las provincias están priorizando la contención del gasto en un contexto donde la inversión en infraestructura y desarrollo se ve comprometida.

Finalmente, el informe revela que Santiago del Estero fue la provincia con el mayor superávit corriente en 2025, alcanzando el 42% de su gasto corriente. En contraposición, cinco provincias enfrentaron déficit corriente, lo que las llevó a buscar financiamiento adicional para cubrir sus erogaciones, reflejando una desigualdad en la salud fiscal entre las distintas jurisdicciones. Estos datos no solo evidencian la complejidad de la gestión fiscal en las provincias argentinas, sino que también resaltan la necesidad de un análisis más profundo sobre las políticas públicas y la planificación financiera a futuro, ante el desafío de un entorno económico volátil y cambiante.