La situación en La Paz, capital de Bolivia, ha comenzado a mostrar signos de normalidad a partir de este sábado, tras la implementación de un estado de excepción que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con la Policía en el desmantelamiento de bloqueos que han paralizado el país durante más de 50 días. Esta medida se produce en un contexto de creciente tensión social, en el que las demandas de los manifestantes han encontrado eco en diversas regiones, poniendo a prueba la capacidad del gobierno para gestionar la crisis.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que a las 15:30 horas, 34 bloqueos aún persistían en el país, una cifra que representa una disminución notable en comparación con los 40 bloqueos registrados a primera hora de la jornada. Esta reducción sugiere que las acciones de las autoridades están comenzando a tener un efecto, aunque el desafío de restaurar la normalidad total sigue siendo significativo. Las operaciones de desbloqueo se han concentrado en vías estratégicas, vitales para el transporte y la economía del país.
En La Paz y la adyacente ciudad de El Alto, la reactivación de los mercados y el aumento en la circulación de vehículos indican un retorno progresivo a la vida cotidiana. Las autoridades han informado sobre el avance de operativos destinados a despejar rutas, lo que permite una mayor movilidad de los ciudadanos y un restablecimiento gradual de los servicios básicos. Este esfuerzo es fundamental no solo para la logística urbana, sino también para la recolección de residuos, que había quedado paralizada por los bloqueos.
Uno de los aspectos más destacados de las acciones de limpieza es que los contenedores de basura, que habían estado rebosantes durante días, han sido vaciados por equipos municipales que trabajaron durante la madrugada. Esta medida, además de mejorar la estética de la ciudad, contribuye a la salud pública, un tema que ha cobrado relevancia en medio de las protestas y la consiguiente falta de servicios. La normalización de estos servicios es un indicativo de que el gobierno está tomando medidas para atender las demandas sociales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En Cochabamba, la ABC ha comenzado a realizar trabajos de desbloqueo en áreas clave con maquinaria pesada y personal especializado. Las labores se enfocan en puntos críticos como Parotani, Epizana y Pojo, donde la congestión causaba grandes inconvenientes a la circulación. Este esfuerzo no solo busca aliviar el tráfico, sino también restablecer el abastecimiento de bienes y servicios a las comunidades afectadas por las protestas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha subrayado la importancia del apoyo ciudadano a las operaciones de desbloqueo, afirmando que la Policía avanza hacia la ciudad de Oruro sin que se hayan registrado incidentes. Este respaldo popular es crucial, ya que refleja una división en la percepción de las manifestaciones. Mientras algunos sectores claman por cambios estructurales, otros apoyan la restauración del orden.
Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha señalado al Chapare como un próximo objetivo de las intervenciones de seguridad, apuntando al expresidente Evo Morales como uno de los instigadores de la crisis. La figura de Morales, quien enfrenta serias acusaciones, sigue polarizando a la sociedad boliviana. Zamora argumenta que es necesario separar a quienes buscan el desarrollo de las “manzanas podridas” que obstaculizan el progreso.
El clima de tensión se intensifica con la expectativa de que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe el decreto de estado de excepción en una sesión convocada para este sábado. Este paso es esencial para legitimar las acciones del gobierno y establecer un marco legal que permita garantizar la seguridad y el orden público en un contexto donde el descontento continúa latente. La declaración del estado de excepción es, sin duda, un reflejo de la gravedad de la situación actual y de la urgencia por encontrar soluciones efectivas a la crisis.
