El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso expone, según este análisis, una contradicción en el modo en que el presidente Javier Milei aborda la cuestión Malvinas. La iniciativa invoca la defensa de los derechos soberanos, pero su propósito central sería avanzar en la agenda hemisférica de securitización impulsada por Estados Unidos.
La propuesta también plantea una tensión entre la reivindicación de la soberanía y una política exterior que, de acuerdo con esta mirada, reduce la autonomía argentina y debilita las condiciones necesarias para ejercerla. En ese marco, el alineamiento con Estados Unidos e Israel se apartaría de la tradición diplomática argentina, basada en el derecho internacional, el multilateralismo y la construcción de consensos para sostener el reclamo sobre las islas.
Esa orientación, sostiene el análisis, habría erosionado vínculos estratégicos para la posición argentina en el Atlántico Sur. Entre los ejemplos mencionados aparece el voto del país, junto con Estados Unidos e Israel, contra la Resolución 80/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara a la esclavitud como crimen de lesa humanidad. La decisión habría tensionado la relación con países africanos y caribeños que históricamente acompañaron el reclamo argentino, además de contribuir al deterioro del vínculo con Brasil, principal socio regional y actor clave para la construcción de consensos en torno a la cuestión Malvinas.
