La crisis habitacional en la Unión Europea (UE) se ha convertido en un tema de creciente preocupación, impulsando a las autoridades a solicitar a los Estados miembros que implementen medidas efectivas para combatir los desahucios y reconceptualizar la vivienda como un derecho fundamental. La falta de acceso a alojamientos asequibles y el aumento desmedido de los precios de la vivienda son problemáticas que afectan a millones de ciudadanos, particularmente a los grupos más vulnerables.

Según el último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE, el costo de la vivienda ha experimentado un incremento alarmante del 53,4 % entre 2015 y 2024, mientras que las tarifas de alquiler han aumentado casi un 17 % en el mismo período. Este panorama ha dado lugar a una crisis de vivienda que no solo impacta en la calidad de vida de los europeos, sino que también ha provocado un aumento notable en la cantidad de personas sin hogar, que se estima alcanzará casi 1,3 millones para 2025. En un contexto en el que casi 400.000 niños vivían en la calle o en alojamientos temporales el año anterior, la situación se torna aún más crítica.

La directora de la FRA, Sirpa Rautio, destaca que los jóvenes y los sectores más vulnerables de la población son los que más sufren las consecuencias de esta crisis, enfrentándose a barreras significativas que limitan su acceso a una vivienda digna. La falta de protección adecuada frente al desalojo y el sinhogarismo agrava aún más la situación, generando un ciclo de precariedad que afecta el bienestar de miles de familias en toda la región. En este sentido, la FRA ha categorizado la exclusión residencial en seis niveles, desde la situación extrema de quienes viven en la calle hasta aquellos que se ven obligados a depender de la hospitalidad de familiares y amigos por falta de recursos.

Si bien se reconoce que la competencia en materia de vivienda recae mayormente en manos de los Estados miembros, la legislación comunitaria establece obligaciones que deben ser observadas. La Carta Europea de Derechos Fundamentales, por ejemplo, incluye disposiciones que abogan por el derecho a una vivienda adecuada y prohíbe los desalojos forzosos, incluso en situaciones de morosidad en el pago del alquiler o de hipotecas. Este marco normativo evidencia la necesidad de un enfoque más integral y coordinado para abordar la crisis habitacional.

A pesar de que un 66 % de los residentes en la UE son propietarios de sus viviendas, menos de la mitad de aquellos que viven por debajo del umbral de pobreza cuentan con la misma condición. Esto pone de relieve las disparidades existentes en el acceso a la vivienda y la necesidad urgente de políticas que protejan a los más desfavorecidos. La FRA también señala que en muchos países europeos no existen planes concretos para prevenir los desahucios o para brindar asistencia a quienes enfrentan esta situación, lo que genera un escenario de incertidumbre y desprotección.

Un ejemplo notable es España, donde en 2025 se implementaron medidas para fortalecer las protecciones contra los desahucios. Esta acción refleja un compromiso por parte del gobierno español para afrontar la crisis habitacional, aunque queda mucho por hacer para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos. En este contexto, la UE se encuentra en una encrucijada, donde la urgencia de abordar la crisis de vivienda se entrelaza con la necesidad de asegurar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de un derecho fundamental que debería ser garantizado por estado.

La combinación de medidas de protección y políticas habitacionales inclusivas es fundamental para revertir la tendencia actual. La intervención de los Estados miembros y la implementación de estrategias coherentes y efectivas son imperativas para garantizar que la vivienda no solo sea vista como un bien económico, sino como un derecho humano esencial. La situación actual exige una respuesta integral que priorice el bienestar de los ciudadanos y asegure un futuro más justo y equitativo en el acceso a la vivienda.