La Comisión Europea ha planteado la necesidad de que la creación, compra y distribución no autorizada de archivos destinados a la fabricación de armas mediante impresoras 3D sea sancionada con un mínimo de dos años de prisión en todos los países miembros de la Unión Europea. Esta propuesta surge a raíz de la creciente preocupación por el aumento de estas prácticas ilegales, las cuales se ven potenciadas por la disparidad en los sistemas legales de cada Estado, lo que facilita la actividad de organizaciones criminales y terroristas.

La intención del Ejecutivo comunitario es establecer un marco legal uniforme que considere la creación, posesión y circulación de estos archivos digitales como un delito a nivel europeo. Con esto, se busca evitar que los delincuentes se aprovechen de las diferencias en las normativas nacionales. Además, la propuesta contempla penas de prisión de al menos cinco años por la posesión ilegal de armas y sus componentes, mientras que el tráfico de armamento podría acarrear una pena mínima de ocho años.

Henna Virkkunen, vicepresidenta encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, destacó durante la presentación de la iniciativa la importancia de adaptarse a las nuevas amenazas geopolíticas y de seguridad que enfrenta la UE. La funcionaria subrayó que el tráfico ilegal de armas supone un grave riesgo y que la evolución de las tecnologías digitales exige una legislación más robusta. Con esta reforma, la Comisión Europea busca cerrar los vacíos legales que actualmente dificultan la lucha contra la proliferación de armamento ilícito en el continente.