La reciente aprobación de una ley en La Rioja ha reavivado la histórica controversia territorial con la provincia de San Juan, un conflicto que data de varias décadas. Impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, esta iniciativa ha generado una fuerte respuesta del mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego, quien expresó su descontento a través de las redes sociales, enfatizando que no permitirá que se cuestionen los derechos de su provincia. La tensión que rodea este asunto no es nueva, sino que se remonta a 1968, cuando se establecieron los límites actuales por medio de una normativa dictada durante la última dictadura militar, que modificó unilateralmente las fronteras interprovinciales.
En este contexto, es fundamental recordar que la Ley N.º 18.004, sancionada por el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía, otorgó a San Juan territorios que, hasta ese momento, eran considerados parte de La Rioja. Entre ellos se encuentran el cerro El Potro y el Valle de la Luna, áreas que hoy son objeto de interés por su potencial minero y turístico. Este cambio generó un resentimiento que ha permanecido latente en la población riojana y que ahora se manifiesta de manera más explícita a través de la legislación reciente.
La situación se intensificó en abril pasado, cuando una jueza de Cámara de Chilecito dictó una medida que suspendió las actividades del proyecto Vicuña, una iniciativa empresarial en San Juan, por un mes. Esta resolución prohibió el uso de caminos que conducen a este campamento desde La Rioja, lo que fue interpretado por el gobernador Quintela como un respaldo a su postura sobre la disputa territorial. Esta medida judicial subraya la complejidad del conflicto, que no solamente involucra aspectos legales, sino también económicos y sociales, afectando a comunidades enteras que dependen de los recursos de estas tierras.
Con el reciente respaldo legislativo, La Rioja busca reafirmar su posición sobre los territorios en cuestión y fortalecer su marco legal para enfrentar el conflicto. La normativa aprobada establece la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que tendrá como objetivo analizar y reivindicar los derechos de La Rioja sobre los territorios considerados históricamente bajo su jurisdicción. Esta comisión estará compuesta por siete legisladores y contará con la participación de expertos en diversas áreas, incluyendo historia y geografía, reflejando así la seriedad con la que la provincia aborda esta problemática.
El diputado Marcelo Del Moral, del Partido Justicialista, resaltó que la iniciativa no sólo busca reparar una injusticia histórica, sino que también pretende consolidar las herramientas jurídicas necesarias para defender la soberanía provincial. Por su parte, la diputada radical Gabriela Rodríguez hizo hincapié en que el conflicto es el resultado de decisiones tomadas durante la dictadura, subrayando la necesidad de abordar la cuestión con rigor técnico y político. La postura de ambos legisladores refleja un consenso en la Legislatura de La Rioja, donde se ha manifestado una clara intención de enfrentar la situación con firmeza.
Este nuevo episodio en la disputa territorial entre La Rioja y San Juan no sólo tiene implicancias políticas, sino que también podría influir en el desarrollo económico de ambas provincias. La posibilidad de un conflicto legal prolongado podría afectar proyectos de inversión y el acceso a recursos naturales en la región, lo que a su vez podría tener repercusiones en la vida de los habitantes locales. A medida que la situación avanza, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones y si se logran encontrar soluciones que eviten una escalada del conflicto.
