En un reciente pronunciamiento, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, realizó una fuerte crítica a los grupos opositores de un proyecto de ley que busca modernizar y abrir el mercado eléctrico del país. Durante su conferencia semanal, la mandataria calificó a estos opositores como "una partida de comunistas", sugiriendo que sus acciones podrían llevar a Costa Rica a una situación similar a la de naciones como Cuba o Venezuela, donde los apagones son moneda corriente. Fernández, acompañada por líderes del sector empresarial, defendió la propuesta argumentando que la misma es vital para el desarrollo económico del país.
El contexto del debate eléctrico en Costa Rica es complejo y multifacético. Actualmente, el sistema eléctrico nacional, operado principalmente por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ofrece una cobertura del 99.5% y está sustentado en una matriz energética compuesta en más del 95% por energías renovables. Esta situación ha permitido al país no sólo abastecer su demanda interna, sino también exportar energía hacia mercados vecinos. Sin embargo, la presidenta sostiene que la modernización del sistema es crucial para atraer inversiones y generar nuevos empleos, lo cual es un aspecto central en su agenda de gobierno.
La iniciativa legislativa en cuestión propone la creación de un nuevo ente regulador, denominado Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), que se encargaría de gestionar el mercado eléctrico y planificar su desarrollo. Esto implicaría una transformación significativa en el rol del ICE, que actualmente asume tanto la generación como la planificación del sector eléctrico. Además, se prevé la creación de un mercado mayorista de energía y una apertura a la participación del sector privado, lo que ha generado un intenso debate sobre las posibles consecuencias de estas medidas.
Los partidos opositores, entre ellos el Partido Liberación Nacional (PLN), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Frente Amplio (FA), han expresado su desacuerdo con el proyecto. Argumentan que la propuesta de ley socava las bases del ICE y promueve una privatización encubierta que podría resultar en un aumento de tarifas, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables. Estos sectores han propuesto en cambio fortalecer al ICE y mejorar la participación privada en la generación eléctrica sin desmantelar la estructura actual.
En una reciente votación en el Congreso, el proyecto de 'Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional' logró avanzar en su primer debate, obteniendo 27 votos a favor frente a 24 en contra, con seis ausencias. Sin embargo, para su aprobación definitiva se requerirá una mayoría calificada de dos tercios en la próxima votación, lo que plantea serios interrogantes sobre su futuro. Ante la falta de consenso, la presidenta Fernández anunció su intención de retirar el proyecto de discusión para permitir que los partidos opositores reconsideren su postura y expresó su disposición al diálogo.
Finalmente, la presidenta Fernández subrayó que, aunque el ICE está en condiciones de competir en un mercado abierto, carece de la capacidad de inversión necesaria para modernizar la infraestructura eléctrica del país. Este dilema pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre modernización y sustentabilidad, un desafío que Costa Rica deberá enfrentar si desea mantener su liderazgo en energías limpias y asegurar un futuro energético estable y accesible para todos los ciudadanos.
