El gobierno de La Pampa ha decidido llevar a cabo una acción judicial en respuesta a la reciente sanción de la ley de Glaciares, la cual fue aprobada en la madrugada del jueves. La provincia presenta un amparo colectivo ante el juzgado federal de Santa Rosa, en colaboración con la Universidad Nacional de La Pampa, junto a las organizaciones no gubernamentales Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos. Esta decisión refleja las preocupaciones de La Pampa respecto a la gestión del agua, un recurso vital para su población y economía.
Durante el anuncio de esta medida legal, el gobernador Sergio Ziliotto enfatizó que, aunque La Pampa no cuenta con glaciares en su territorio, sí depende del río Colorado, que tiene su origen en las montañas glaciares. Este recurso hídrico es esencial no solo para el consumo humano, sino también para la agricultura y la ganadería, actividades que son pilares de la economía provincial. Ziliotto alertó que, con la implementación de la nueva ley, la cantidad y calidad del agua disponible podría verse gravemente afectada, lo que podría tener consecuencias devastadoras para todos los habitantes de la provincia.
El amparo colectivo es respaldado por la fiscal de Estado, Romina Schmidt, y el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez. Juntos, argumentan que la ley de Glaciares, tal como fue sancionada, podría ocasionar un daño directo e irreparable a la provincia, al comprometer el flujo de agua proveniente del río Colorado. Schmidt subrayó que la disminución de agua de calidad no es un concepto abstracto, sino una situación que impactará concretamente en la vida cotidiana de los pampeanos, afectando desde el riego de cultivos hasta el acceso al agua potable.
Gil Domínguez agregó que esta impugnación no solo es una defensa de los intereses de La Pampa, sino un esfuerzo por salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos de la provincia. Afirmó que la ley representa una amenaza a la gestión del agua y al medio ambiente, y que su presentación judicial busca que se reconozcan los derechos de La Pampa en el contexto de la gestión hídrica en la región. La lucha por el agua en La Pampa tiene antecedentes de décadas, especialmente en su conflicto con Mendoza por el río Atuel, que ha dejado a la provincia en una posición vulnerable.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad de las relaciones interprovinciales en Argentina, donde las decisiones sobre recursos naturales en una provincia pueden tener repercusiones significativas en las que se encuentran aguas abajo. La Pampa ha estado esperando durante años que Mendoza cumpla con un fallo judicial que le obliga a garantizar un flujo mínimo de agua, un tema que ha sido motivo de disputas legales y tensiones entre ambas provincias.
Cualquier alteración en el caudal de los ríos en las montañas que alimentan los ríos de La Pampa puede tener un efecto dominó, perjudicando a quienes dependen de estos para su subsistencia. La cuestión del agua se ha convertido en un tema crítico, no solo para La Pampa, sino para muchas provincias argentinas que enfrentan desafíos similares. La judicialización de la ley de Glaciares representa un capítulo más en esta lucha por la defensa de los derechos hídricos y la búsqueda de un manejo sostenible y equitativo de este recurso vital.
