El primer encuentro para debatir la reforma de la Ley de Glaciares se centró en establecer los mecanismos de discusión necesarios para su votación en la Cámara de Diputados. Aunque el Gobierno había planificado que la sanción de la propuesta ya aprobada en el Senado se llevara a cabo el 12 de marzo, un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales decidió no someter la iniciativa a votación este mes. La oposición solicitó mayor tiempo para el debate y la participación de la ciudadanía.

Desde la conducción legislativa libertaria, se consideró la opción de extender el debate para evitar la presión de un dictamen apresurado. Se sugirió que un funcionario del Ejecutivo podría ser convocado para respaldar el proyecto. A pesar de que este avance es considerado un pequeño triunfo, se advirtió sobre la necesidad de cuidar este mes para evitar que algunos diputados cambien su postura. La oposición destacó que, en este momento, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios en el recinto y debe revertir la posición de algunos legisladores del peronismo.

La propuesta busca modificar la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, reafirmando la condición de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además, se le otorgan a las autoridades locales la facultad de determinar cuándo una reserva es considerada "estratégica", así como la capacidad de intervenir en el Inventario Nacional de Glaciares (ING). Esta modificación, que se impone sobre el criterio del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), fue respaldada por dos reformas introducidas por el Senado antes de la sanción del proyecto, que se aprobó con 40 votos a favor y 31 en contra.