La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación por la inacción del Gobierno sirio en relación con la crisis de violencia en la provincia de Sueida. Según un informe reciente, las autoridades no han tomado medidas efectivas para abordar la situación ni han logrado depurar responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos que se han registrado en la región. Este informe, presentado el viernes, pone de manifiesto la gravedad de la situación y la falta de avances significativos desde el estallido de la violencia sectaria que tuvo lugar durante el verano del año pasado.
La provincia de Sueida ha sido escenario de enfrentamientos sectarios que han marcado un antes y un después en la gestión del Gobierno sirio, dirigido por Ahmed al Shara, quien asumió el poder tras la caída de la dinastía Al Assad a finales de 2024. Las tensiones entre las comunidades drusas y beduinas, estas últimas respaldadas por el régimen de Damasco, han desembocado en una crisis humanitaria con un saldo trágico de más de 2.000 muertes, incluidas numerosas víctimas civiles. Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas, saqueos y violencia sexual han suscitado la condena internacional y han puesto en evidencia la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad y los derechos de su población.
El informe de la Comisión de Investigación de la ONU detalla las tres fases de violencia que sacudieron Sueida entre el 14 y el 19 de julio. La primera fase estuvo marcada por operaciones de las fuerzas gubernamentales, que incluyeron al Ejército Árabe Sirio y a las Fuerzas de Seguridad Interna. En este contexto, se llevaron a cabo asesinatos y ataques indiscriminados contra civiles, así como arrestos y secuestros arbitrarios. Las atrocidades cometidas durante estos días son un reflejo de la profunda crisis que enfrenta el país, donde los derechos humanos son sistemáticamente vulnerados.
La ONU no solo ha señalado las violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales, sino que también ha hecho referencia a las acciones de los drusos y beduinos en las fases posteriores de la violencia. Sin embargo, se destaca que la primera ola de enfrentamientos fue la más mortal, mientras que la tercera, protagonizada por luchadores tribales, resultó ser la más devastadora para la comunidad drusa. Muchas localidades drusas fueron incendiadas y sus negocios saquedos, evidenciando un ciclo de violencia que parece no tener fin.
En su evaluación del alto el fuego que comenzó el 19 de julio, el organismo internacional lamentó la falta de iniciativas de diálogo para solucionar la crisis. Las causas fundamentales del conflicto, como la marginación política y la desconfianza hacia el Gobierno de Damasco, continúan sin ser abordadas. A pesar de que 23 miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército han sido detenidos por su implicación en las violaciones de derechos humanos, la información sobre el avance de las investigaciones es escasa y no se han logrado progresos tangibles en la depuración de responsabilidades.
La situación sigue siendo crítica, ya que la violencia se manifiesta en brotes esporádicos y gran parte de la gobernación de Sueida permanece fuera del control del Gobierno. Actualmente, alrededor de 115.000 personas permanecen desplazadas, esperando una solución política que parece lejana. La ONU ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que exija al Gobierno sirio una respuesta adecuada a la crisis y el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos, enfatizando que la paz duradera solo se alcanzará a través de un diálogo inclusivo y el reconocimiento de las necesidades de las diversas comunidades en la región.
