La falta de coordinación entre los distintos actores políticos y el Congreso está generando un impacto económico significativo en la administración de Javier Milei, estimado en al menos 2,5 billones de pesos. Este desajuste no solo afecta la gestión fiscal, sino que también pone en jaque el principio de equilibrio que había propuesto La Libertad Avanza. La reciente decisión de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que ratificó la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario, ha dejado al descubierto las falencias del oficialismo en la gestión de sus políticas públicas.
El responsable de enfrentar este costo fiscal será Luis "Toto" Caputo, quien tiene a su cargo la supervisión del gasto público y la validación de las erogaciones de los ministerios. Sin embargo, el impacto político de esta situación recae sobre el propio Milei, ya que su veto a la ley que establece aumentos salariales para el personal docente y no docente, así como para las becas en universidades públicas, fue desestimado por más de dos tercios de los votos en ambas cámaras. Esta derrota no solo representa un golpe a la autoridad del presidente, sino que también evidencia una falta de alineación entre su mesa política y el Congreso, lo que ha llevado a una serie de errores que podrían salpicar a su administración.
Este revés se suma a una semana especialmente complicada para el oficialismo, marcada por una serie de escándalos judiciales que han ido acumulándose en su contra. La imputación de Manuel Adorni por el uso de un vuelo privado a Punta del Este, el avance de la causa por la compra de un departamento no declarado y nuevas evidencias en la investigación por la cripto estafa $LIBRA han contribuido a generar un clima de incertidumbre en el Gobierno. Además, la judicialización de la reforma laboral, con una medida cautelar que suspende la aplicación de 82 de sus artículos, es otro factor que ha desestabilizado la gestión.
La situación actual está configurando lo que podría ser una nueva crisis de gabinete para Javier Milei. La figura de Manuel Adorni, quien se encuentra en una posición cada vez más comprometida como jefe de ministros, ha dejado de ser efectiva en su rol de vocero, dificultando la comunicación del Gobierno con la ciudadanía. La suspensión de su conferencia de prensa y su convocación a Olivos para revisar su situación son señales claras de que su permanencia en el cargo está en duda. A pesar del respaldo de Karina Milei, las preguntas sobre la capacidad de Adorni para manejar estos escándalos se vuelven cada vez más insistentes, lo que genera una atmósfera de inestabilidad interna.
La renuncia de Guillermo Francos el 31 de octubre del año pasado dejó una huella en la jefatura de gabinete, que ha carecido de autonomía bajo la administración de Milei. Tanto Francos como Adorni han reportado directamente a Caputo para gestionar negociaciones con gobernadores y autorizar gastos, lo que ha limitado la independencia de sus funciones. En este contexto, la posibilidad de que Caputo se convierta en el sucesor de Adorni si decide dejar su cargo es considerada una salida pragmática, aunque también refleja la falta de liderazgo dentro del gabinete.
La errática gestión de Juan Bautista Mahiques como nuevo Ministro de Justicia ha añadido más incertidumbre a un panorama ya complicado. La combinación de estos factores sugiere que la administración de Javier Milei enfrenta no solo un desafío fiscal, sino también una crisis de confianza tanto dentro de su gabinete como ante el electorado. La falta de una estrategia clara y el debilitamiento de la figura presidencial podrían traer consecuencias significativas para el futuro de La Libertad Avanza, que, en su búsqueda de un equilibrio fiscal, parece estar perdiendo el control de su propio destino.
