La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional que el Partido Popular reclama para Ceuta, tras la masiva entrada de inmigrantes registrada en las últimas horas, permitiría al Gobierno español coordinar de manera reforzada las actuaciones en la ciudad autónoma. Entre otras medidas, el Ejecutivo podría designar una autoridad funcional para dirigir y coordinar la respuesta, además de movilizar recursos públicos y privados.

La aplicación de este mecanismo no habilitaría, sin embargo, la suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La medida se instrumentaría mediante un real decreto aprobado por el presidente del Gobierno, sin necesidad de solicitar una autorización previa al Congreso de los Diputados. El Parlamento debería ser informado de las decisiones adoptadas y de la evolución de la situación.

El reclamo del PP se produjo después de que el Gobierno rechazara declarar la emergencia nacional en Ceuta. El Ejecutivo argumentó que la normativa de protección civil no contempla esa posibilidad para afrontar flujos migratorios y, ante esa posición, el líder opositor pidió recurrir a otros instrumentos legales.

La figura está regulada en el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, que la define como aquella situación que, por la gravedad de sus efectos y por la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas necesarias para resolverla, exige una coordinación reforzada de las autoridades competentes mientras ejercen sus atribuciones ordinarias.