La reciente modificación de la ley de Glaciares, aprobada por el Congreso, ha desatado tensiones inéditas dentro del peronismo, evidenciando la división entre las provincias que dependen fuertemente de la minería y aquellas que temen un impacto adverso en sus recursos hídricos. La medida, que había recibido la aprobación del Senado previamente, logró obtener 137 votos a favor y 111 en contra en la Cámara de Diputados, constituyendo un triunfo político para el actual Gobierno encabezado por Javier Milei.
La administración de Milei se benefició del apoyo de varios gobernadores aliados que se mostraron favorables a la modificación legislativa. Entre ellos, destacaron los representantes de provincias como Catamarca, San Juan, Salta, Mendoza, Tucumán, Misiones y Jujuy. Incluso algunos diputados del bloque peronista, como los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica, ambos pertenecientes a Unión por la Patria, se alinearon con la iniciativa, lo que resalta una fractura dentro de la propia coalición.
Sin embargo, este debate en el ámbito legislativo no es más que la manifestación de un conflicto más amplio que se desatará en las próximas semanas. Apenas unas horas después de la votación en el parlamento, La Pampa anunció su intención de presentar un amparo ambiental colectivo contra la modificación de la ley de Glaciares. Esta acción legal lleva la firma del gobierno provincial, encabezado por el justicialista Sergio Ziliotto, así como de la Universidad Nacional de La Pampa y otras organizaciones ambientales.
Ziliotto, en una declaración contundente, afirmó que la nueva legislación resultará en una disminución de los recursos hídricos de la provincia. "La Pampa no tiene glaciares, pero depende del único río que fluye en su territorio, que tiene origen en los glaciares", explicó el gobernador, quien también hizo referencia a otros ríos que han cesado de fluir. La postura del mandatario pone de relieve la vulnerabilidad de la provincia ante los cambios legislativos que puedan afectar la gestión de sus recursos naturales.
El gobernador pampeano también anunció que se argumentará la inconstitucionalidad de la ley modificada, argumentando que esta lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales. Este enfoque también enfatiza el principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú, lo que añade un marco legal importante a su defensa.
Es relevante recordar que La Pampa mantiene una disputa histórica con Mendoza relacionada con el río Atuel, lo que añade una capa de complejidad y sensibilidad al conflicto actual. Por otro lado, en defensa de las modificaciones a la ley, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, criticó a sus colegas de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de la Ciudad Autónoma, Jorge Macri, sugiriendo que deberían enfocarse en sus propios problemas locales. Jalil expresó su deseo de que el peronismo pudiera unirse en apoyo a la legislación que beneficia a las provincias con intereses mineros.
Esta disputa interna no solo refleja las diferencias de intereses entre provincias, sino también una lucha de poder dentro del peronismo que podría tener repercusiones en futuras decisiones políticas. A medida que se desarrolla este escenario, será crucial observar cómo se posicionan los diferentes actores políticos y cómo esto influye en la unidad del partido, especialmente en un contexto donde el peronismo se enfrenta a nuevos desafíos en el panorama nacional.
