La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires, liderada por la fiscal Celsa Ramírez, ha decidido convocar a indagatoria a siete individuos que, el pasado 20 de enero, atacaron violentamente a Gustavo Ferreyra, ex delegado del Sindicato de Camioneros, en las instalaciones de la empresa de recolección de residuos Urbasur. Los imputados enfrentan cargos por lesiones y amenazas, con penas que van de uno a seis años de prisión, una decisión que refleja la seriedad con la que la justicia aborda casos de violencia laboral.
El episodio de agresión, que dejó a Ferreyra con lesiones graves, ha generado un gran revuelo en el ámbito sindical y político. Según fuentes judiciales, aunque no se han revelado los nombres de los acusados, se ha filtrado que uno de ellos es José “Teta” Garnica, un alto dirigente del sindicato y estrecho colaborador de Hugo Moyano. Garnica supuestamente lideró un grupo de entre diez y doce personas que atacaron a Ferreyra con puñetazos y un palo de escobillón, lo que le causó un posible desprendimiento de retina en su ojo izquierdo y otras lesiones significativas.
En un testimonio impactante, Ferreyra expresó que su vida estuvo en peligro durante el ataque. "Me salvé de milagro, intentaron matarme dentro de la empresa", afirmó, enfatizando la gravedad de la situación. Su abogado, Andrés Martín, reveló que Garnica presentó su renuncia a Urbasur a finales de enero, mientras que otros seis individuos involucrados en la agresión recibieron sanciones laborales. Sin embargo, ya han cumplido esas suspensiones y han regresado a sus puestos de trabajo, lo que ha generado un clima de tensión en la empresa.
A pesar de su reincorporación, Ferreyra admitió que se siente traumatizado y con miedo tras el incidente. Aunque actualmente no ha tenido problemas con los agresores que volvieron a trabajar, la empresa ha tomado medidas de seguridad adicionales, incluyendo la presencia de policías en sus instalaciones. Esto se hizo a pedido del abogado de Urbasur para garantizar la seguridad del personal y la continuidad del servicio público, una acción que subraya la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a los trabajadores.
La investigación judicial, que avanza bajo la dirección de la fiscal Ramírez, ha recabado información de testigos para esclarecer los hechos ocurridos. Hasta el momento, se han tomado alrededor de seis declaraciones testimoniales que corroboran las lesiones graves y las amenazas realizadas durante el ataque. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad del predio han sido fundamentales para identificar a los agresores, aunque se estima que unas veinte personas estaban presentes durante el altercado, de las cuales solo seis han sido identificadas hasta ahora.
Este incidente es un reflejo de las tensiones internas en el Sindicato de Camioneros, que han escalado en los últimos meses. Garnica, en su rol como secretario de la rama de recolección de residuos, había adquirido notoriedad por su cercanía con Moyano, en un contexto de disputas dentro del sindicato que involucran a su hijo Pablo y otros líderes. La violencia en el ámbito laboral, especialmente en organizaciones sindicales, plantea interrogantes sobre el clima de trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores, un tema que debe ser abordado con urgencia por las autoridades competentes.
