La Sala Constitucional Segunda, con sede en La Paz, ha tomado una decisión significativa al aceptar de manera parcial una acción de tutela que exige a los movimientos sociales cesar los bloqueos de carreteras que han paralizado el transporte de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. Esta medida se produce en el contexto de una huelga general indefinida que se lleva a cabo contra el Gobierno boliviano, y busca restablecer la normalidad en el suministro de productos vitales para la población.
La resolución judicial, emitida el viernes pasado, establece que el bloqueo absoluto de vías y puentes no está amparado por el derecho a la protesta social cuando causa un impacto perjudicial en áreas fundamentales como la salud, la alimentación, la educación y la seguridad. De acuerdo con el fallo, los derechos de libre circulación y acceso a bienes esenciales son prioritarios y deben ser protegidos, por lo que se insta a los movilizados a levantar los bloqueos de manera pacífica.
Además, el fallo subraya que las manifestaciones pueden llevarse a cabo siempre que sean pacíficas y proporcionales, respetando los corredores humanitarios y los derechos de terceros. Esto significa que marchas, asambleas populares y otras formas de expresión siguen siendo válidas, siempre que no interrumpan el acceso a servicios básicos ni pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.
La resolución también hace un llamado al Gobierno para que implemente los mecanismos necesarios para facilitar el levantamiento de los bloqueos mediante el diálogo. En caso de que las protestas continúen, las autoridades han advertido que los responsables enfrentarán procesos judiciales individuales, lo que podría intensificar las tensiones entre el Gobierno y los movimientos sociales.
Uno de los aspectos más destacados del dictamen es la orden de habilitar de inmediato y de forma permanente corredores humanitarios que permitan el paso de ambulancias, medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos y agua. Esta medida es crucial para garantizar que las personas en situaciones vulnerables, como niños, ancianos y mujeres embarazadas, puedan acceder a los servicios y productos que necesitan con urgencia.
Este fallo responde a una acción presentada por el exdiputado Amílcar Barral, quien había denunciado la situación creada por los bloqueos que han afectado gravemente al departamento de La Paz. Desde hace aproximadamente dos semanas, las rutas han estado cerradas, lo que ha generado una crisis de desabastecimiento y ha puesto a la población en una situación crítica.
Barral considera que la decisión judicial ofrece al Gobierno la autoridad necesaria para actuar con firmeza y levantar los bloqueos, interpretando la resolución como una herramienta que facilita la intervención gubernamental. En una reciente entrevista, sugirió que el Ejecutivo podría considerar la declaración de un estado de excepción en áreas específicas o en todo el país para restaurar el orden público y poner fin a las movilizaciones, las cuales, según él, tienen más motivaciones políticas que demandas sociales.
A pesar de las declaraciones de disposición al diálogo por parte del Gobierno, los movimientos sociales, incluyendo la Central Obrera Boliviana (COB) y otros grupos indígenas, continúan con sus medidas de presión. La situación se mantiene tensa y es incierta, ya que ambos lados parecen estar en un punto muerto, lo que podría prolongar la crisis en el país si no se encuentra una solución consensuada.
