El juez federal Daniel Rafecas tomó la decisión de continuar con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, desestimando las solicitudes para suspender el proceso. Este fallo fue emitido en el marco de una resolución de 15 páginas en la que se abordaron las preocupaciones planteadas por varios actores sociales y políticos. Entre las denuncias se incluyen alegaciones de irregularidades en la elaboración del pliego licitatorio, así como posibles falsificaciones de documentos y un direccionamiento del proceso en favor de determinados grupos económicos.
En su dictamen, Rafecas argumentó que las alegaciones presentadas por la diputada Marcela Pagano y Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, carecían de sustento sólido. El juez afirmó que las denuncias se basan en presunciones de futuros ilícitos, lo que, según su criterio, no es suficiente para suspender una licitación de tal envergadura. Este enfoque sigue la línea del fiscal Guillermo Marijuan, quien también se había manifestado en contra de detener el proceso.
Rafecas destacó que, para que se acepte una medida cautelar en este contexto, es fundamental demostrar la verosimilitud del derecho invocado y la existencia de un peligro concreto en la demora. En este caso, el juez consideró que no se habían cumplido estos requisitos, lo que llevó a su decisión de permitir que la licitación continúe. Además, enfatizó que cualquier intervención judicial en decisiones de la administración pública debe hacerse con el máximo cuidado para no interferir en las funciones del Estado.
Las acusaciones que originaron esta controversia comenzaron con una denuncia de Pagano el 11 de mayo, donde se alegaba que la licitación había sido manipulada para beneficiar a un grupo específico de empresas. A lo largo del proceso, se mencionaron vínculos sospechosos entre funcionarios del gobierno y empresarios relacionados con la licitación, lo que ha generado un clima de desconfianza en torno al manejo de este proceso tan crítico para la infraestructura del país.
Entre las serias acusaciones, se señala que el pliego licitatorio fue diseñado de tal manera que excluye a empresas chinas, y se sostiene que detrás de la firma belga Jan de Nul podrían existir "socios ocultos". Además, se alegó que se incorporó documentación falsa que supuestamente provendría de la ONU, lo que complicaría aún más el panorama legal del proceso. Las imputaciones abarcan delitos de fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y asociación ilícita, lo que pone en tela de juicio la transparencia del manejo administrativo.
Fernando Míguez, quien también presentó un reclamo, fue más allá al estimar que las acciones involucrarían un perjuicio potencial de 7.000 millones de dólares a lo largo de la concesión. Míguez dirigió sus señalamientos hacia figuras del gobierno, incluyendo al asesor presidencial Santiago Caputo y al ministro de Economía, Luis Caputo, quienes estarían implicados en este esquema. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las denuncias, el fiscal Marijuan reiteró que no existen fundamentos suficientes para suspender la licitación, argumentando que las alegaciones no se sustentan en hechos concretos y que cualquier medida cautelar debe basarse en evidencias sólidas y no en suposiciones.
La decisión de Rafecas de no frenar la licitación de la Hidrovía marca un nuevo capítulo en una saga que involucra no solo cuestiones administrativas, sino también la confianza pública en las instituciones. Este tipo de situaciones pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en los procesos de licitación del Estado, especialmente cuando se trata de obras de infraestructura que son vitales para el desarrollo económico del país. La comunidad espera que, más allá de las decisiones judiciales, las autoridades mantengan un compromiso con la ética y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, asegurando que los procesos sean realmente abiertos y justos para todas las partes interesadas.
