Recientemente, el Gobierno argentino recibió un respiro judicial tras una serie de decisiones desfavorables en torno a la reforma laboral. La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, aceptó este viernes una inhibitoria presentada por el Estado y consideró que ese fuero es competente para abordar los reclamos de inconstitucionalidad formulados por la Confederación General del Trabajo (CGT) respecto a 83 artículos de la nueva legislación laboral. La central obrera sostiene que estos cuestionamientos deberían ser analizados por la Justicia del Trabajo, que es la instancia especializada en estas cuestiones.
La controversia sobre qué fuero debe encargarse de los reclamos de inconstitucionalidad no es un tema menor y destaca una lucha de poder que trasciende lo jurídico. La CGT ha criticado de manera contundente el artículo 79 de la ley, que establece la competencia exclusiva de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la perspectiva de la central obrera, la justicia laboral es la que realmente posee la experticia necesaria para tratar estos asuntos, dado su historial de décadas en el manejo de conflictos laborales.
Sin embargo, la jueza Marra Giménez ha desestimado el argumento de la CGT. Según su fallo, dado que la demanda está dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional, corresponde que sea el fuero contencioso administrativo el que asuma la responsabilidad de analizarla. En sus fundamentos, la magistrada explica que para resolver esta cuestión es necesario recurrir a principios del derecho público administrativo, lo que refuerza su decisión de mantener el caso en su jurisdicción.
Desde el equipo legal de la CGT, se anticipó que se llevará a cabo una apelación contra la resolución de Marra Giménez. Este revés era esperado, pero los representantes de la central obrera afirman que no afecta su estrategia judicial. En paralelo, continúa en curso otra acción judicial presentada en el fuero laboral, la cual busca la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral. La situación promete ser prolongada y compleja, con múltiples batallas legales aún por venir.
Más allá de los aspectos legales, también hay un trasfondo político que no se puede pasar por alto. El Gobierno nacional ha señalado que la Justicia Nacional del Trabajo tiende a favorecer a los trabajadores en detrimento de los intereses empresariales. Por ello, en un movimiento estratégico, incluyó en la discusión de la reforma laboral la propuesta de trasladar la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un entorno que, a priori, podría ser más receptivo a las demandas del sector empresarial.
Es importante destacar que la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) ha estado resistiendo este traslado a la Ciudad. Para este sindicato, así como para la CGT, el cambio implicaría el debilitamiento del fuero laboral y una mayor desprotección para los trabajadores en sus derechos. Según lo estipulado en la reforma laboral, este traspaso debería concretarse en un plazo de 180 días tras la sanción de la ley, aunque aún no está claro si el Gobierno podrá llevarlo a cabo dentro de ese tiempo. Así, la contienda entre el Ejecutivo y la central obrera se intensifica, dejando un futuro incierto para la legislación laboral en Argentina.
