Un nuevo giro judicial se ha presentado en el caso de Marcelo Balcedo, ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), que fue condenado en Uruguay por varios delitos, incluyendo lavado de activos y tráfico de armas. En este contexto, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ha emitido un exhorto “urgente” a las autoridades judiciales uruguayas para que se suspenda la subasta de una lujosa propiedad que Balcedo posee en ese país. Esta acción surge en el marco de una causa que se investiga desde hace ocho años, por presunta asociación ilícita y desvío de fondos del sindicato que lideró.
Desde 2018, el juez Kreplak ha solicitado el embargo de esta propiedad, conocida como “El Gran Chaparral”, y de otros bienes de Balcedo y su esposa, Paola Feige. Sin embargo, sus peticiones no han recibido la atención adecuada, lo que ha llevado a una serie de complicaciones en el proceso judicial. Además, el magistrado también ha requerido en varias ocasiones la extradición del sindicalista, pero esta cuestión aún permanece sin resolución.
La solicitud de Kreplak se centra en evitar la subasta programada para el 8 de mayo, que se llevará a cabo en Maldonado, donde actualmente reside la pareja imputada. Este requerimiento se basa en un dictamen emitido por la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, liderada por María Laura Roteta, y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco. Ambos funcionarios advirtieron que la subasta de la propiedad ignora las medidas cautelares ya establecidas y resaltaron la necesidad de proteger estos activos en virtud de las solicitudes de Argentina.
El exhorto del juez argentino tiene como fin salvaguardar los bienes que Argentina ha reclamado desde el inicio de esta investigación, en el marco de un proceso de extradición que permanece activo desde 2018 y de reiteradas solicitudes internacionales para asegurar la restitución de dichos bienes. En este sentido, Kreplak también ha instado al tribunal encargado de la extradición de Balcedo y su pareja a tomar medidas que garanticen la preservación del estado actual de los bienes ya cautelados, reforzando así las garantías de recuperación patrimonial que están comprometidas por acuerdos internacionales.
A pesar de las gestiones realizadas por el juez Kreplak desde 2018, la justicia uruguaya no notificó sobre su intención de llevar a cabo la subasta de “El Gran Chaparral” en el marco de un juicio laboral promovido por trece trabajadores. Esta información le llegó al magistrado argentino a través de un medio de comunicación, lo que genera preocupación sobre la falta de comunicación entre ambos sistemas judiciales.
La subasta está programada para el 8 de mayo a las 14 horas y será conducida por el martillero Gabriel Etcheverry. Ante la inminente venta del que es considerado el bien más valioso del matrimonio Balcedo, tanto la fiscal Roteta como Velasco se han apresurado a solicitar al juez Kreplak que actúe rápidamente para frenar este procedimiento que podría poner en riesgo los activos que Argentina busca recuperar. La situación plantea un nuevo desafío en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, temas que continúan siendo prioritarios en la agenda judicial del país.
Este episodio pone de relieve la complejidad de la cooperación internacional en asuntos judiciales y la necesidad de una comunicación efectiva entre los distintos sistemas legales. La resolución de este caso no solo podría impactar en los bienes de Balcedo, sino que también podría establecer un precedente en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales en la región.
