Las economías se desarrollan en distintos contextos históricos, atravesados por ciclos de humor social y por situaciones políticas cambiantes. Sin embargo, esos escenarios no implican que la sola voluntad política pueda alterar los fundamentos de una administración económica adecuada, en particular cuando se trata del manejo de las cuentas públicas.
La principal contribución que la política puede realizar a la economía consiste en construir y sostener la confianza social. Esa confianza debe alcanzar tanto a los distintos sectores productivos como a la convicción colectiva de que el poder público cuenta con la capacidad necesaria para hacer cumplir las reglas. Se trata de la expectativa de que el sistema político podrá mantener, en el largo plazo, un conjunto suficiente de normas económicas estables, relativamente racionales y sencillas de interpretar.
En el pasado, las reglas económicas eran establecidas por las coronas de los distintos reinos dentro de sus territorios. En la actualidad, son los presidentes y los primeros ministros, a través de las instituciones económicas de cada sistema de gobierno, quienes fijan esas reglas y generan incentivos para su cumplimiento. La calidad institucional, que varía entre los países, resulta así determinante para la vigencia de ese marco.
Las normas económicas deberían favorecer la mayor interacción posible entre ahorristas e inversores, consumidores, productores y comerciantes, así como entre los usuarios y sus proveedores. En ese entramado, la estabilidad de las reglas y la confianza en su aplicación constituyen condiciones centrales para el funcionamiento de la economía.
