El 18 de julio de 1994, un devastador atentado con coche bomba arrasó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, resultando en la trágica pérdida de 85 vidas y más de 150 heridos. A lo largo de tres décadas, las investigaciones judiciales han ido delineando la compleja red que facilitó este ataque. La Justicia argentina ha determinado que las más altas autoridades de Irán fueron las encargadas de planear el atentado, delegando su ejecución a la organización libanesa Hezbollah. En la actualidad, los tribunales federales se enfrentan a dos procesos paralelos para juzgar tanto a los responsables extranjeros como a exfuncionarios argentinos relacionados con el caso.
El origen del plan se remonta al 14 de agosto de 1993, cuando el Comité de Asuntos Especiales de Irán se reunió en secreto en la ciudad de Mashhad. En esta reunión, el Líder Supremo, el Ayatolá Alí Khamenei, emitió una fatwa que autorizaba la operación, la cual fue organizada por la inteligencia del régimen. La implicación de la cúpula gubernamental de ese momento fue fundamental, ya que el entonces presidente Alí Akbar Hashemi Rafsanjani participó activamente en la estrategia, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Alí Akbar Velayati, se encargó de proporcionar la cobertura necesaria a través de la red diplomática. Por su parte, la coordinación de la inteligencia global estuvo a cargo de Alí Fallahijan, ministro de Información y Seguridad.
La ejecución del atentado requirió la intervención directa de las fuerzas armadas iraníes, siendo los comandantes Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi quienes planificaron el despliegue de recursos bélicos estatales. Rezai lideraba el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, conocido como Pasdaran, mientras que Vahidi estaba al mando de las fuerzas de élite Al Quds. En Argentina, la operación se llevó a cabo de manera clandestina desde la embajada iraní, con el agregado cultural Mohsen Rabbani como actor clave en el espionaje, operando desde la mezquita At-Tauhid. Las investigaciones han revelado que Rabbani hizo gestiones previas al ataque relacionadas con vehículos y financiamiento, mientras que los registros migratorios indican una fuga coordinada de diplomáticos iranies, algunos de los cuales abandonaron el país poco antes de la explosión.
