En un significativo desarrollo para la reforma agraria en Colombia, la hacienda La Palmira, un extenso terreno de cerca de 2.000 hectáreas ubicado en el departamento de Córdoba, ha sido recuperada por el Estado, con el objetivo de ser entregada a organizaciones campesinas. Este proceso, que se enmarca dentro de la política del gobierno de Gustavo Petro, busca no solo resarcir a las víctimas del conflicto armado, sino también fomentar el desarrollo agrícola en una región marcada por el despojo y la violencia paramilitar. La hacienda, que durante años fue símbolo del paramilitarismo, ahora representa una nueva oportunidad para cerca de un centenar de familias que anhelan volver a trabajar la tierra que una vez les perteneció.

Acceder a La Palmira no es sencillo, y el recorrido hasta el predio, que se encuentra alejado del casco urbano de Pueblo Nuevo, requiere un viaje de más de dos horas por caminos de tierra. Al llegar, la imagen que se presenta es desoladora: la antigua casa principal muestra signos evidentes de abandono, con su techo de zinc oxidado y la pintura blanca desvanecida. En el interior, un mapa satelital del terreno revela la magnitud de esta propiedad, que es comparable en tamaño con la isla de San Andrés. Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se encuentra en el lugar para firmar la resolución que marca un hito en la historia de este predio.

La recuperación de La Palmira tiene un trasfondo profundo. Este terreno fue señalado por Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, un exjefe paramilitar que lo incluyó entre los bienes entregados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A pesar de que el Estado lo había incluido en el Fondo para la Reparación de las Víctimas, durante años la hacienda fue explotada por particulares, quienes la utilizaron sin tener derecho legal sobre ella. Esto generó un vacío en la posibilidad de reparación a las víctimas, quienes esperaban que el Estado actuara para devolverles su historia y dignidad.

Felipe Harman ha enfatizado que la recuperación de La Palmira representa una política estatal con objetivos duales: transformar un antiguo bastión del paramilitarismo en un espacio productivo para campesinos y generar recursos para la reparación de las víctimas. "Es un esfuerzo por reparar el tejido social y económico de la región", destaca, subrayando que esta acción se inscribe dentro del compromiso del gobierno por construir una paz sostenible en el país.

A pesar de que La Palmira fue adjudicada a organizaciones campesinas en julio de 2025, la ocupación del terreno se ha visto obstaculizada por disputas legales y problemas de delimitación. Además, las amenazas a los campesinos han complicado aún más el proceso. En este contexto, la ANT ha decidido recuperar el control sobre el predio para facilitar el acceso a las comunidades y asegurar que puedan comenzar a trabajar la tierra. Santiago Manuel Arroyo Rivera, representante legal de la organización Raíces de San José de Cintura, expresa la urgencia de la situación: "Muchos campesinos no han podido cosechar porque carecen de tierras".

La expectativa es alta entre los campesinos que ven en La Palmira una oportunidad de reconstruir sus vidas y contribuir a la producción agrícola de la región. "Queremos convertir esta zona en una despensa agrícola", afirma Arroyo, quien lidera un grupo de 97 familias que esperan sembrar en los potreros de La Palmira. La esperanza de estos campesinos se basa en la posibilidad de trabajar la tierra y generar un medio de vida digno, al mismo tiempo que se contribuye a sanar las heridas de un pasado violento.

En este contexto, la historia de La Palmira se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza para muchas familias que, a pesar de los obstáculos, buscan recuperar su lugar en la tierra. El proceso de recuperación no solo implica la entrega de tierras, sino también un compromiso real del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes han sido afectados por años de conflicto. Así, La Palmira no es solo un terreno; es un paso hacia un futuro más justo y equitativo para los campesinos colombianos.