El fiscal Diego Velasco, acompañado por sus colegas Juan Argibay Molina y Diego Puñet, presentó su alegato acusatorio en el marco de la causa que investiga las supuestas irregularidades en la construcción de viviendas sociales bajo el programa Sueños Compartidos, gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con financiamiento del Estado Nacional. En su exposición, los fiscales solicitaron penas de seis años de prisión para un grupo destacado de implicados, entre los que se encuentran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes desempeñaron roles clave en el manejo del programa.
El alegato de la fiscalía se centró en un esquema delictivo que, según argumentan, fue orquestado en complicidad entre el Estado y los responsables de la Fundación. En este sentido, Velasco identificó a De Vido como el arquitecto del mecanismo que permitió la malversación de fondos, mientras que López fue señalado como el vínculo que autorizó la entrega de recursos sin la debida supervisión. Por su parte, Abel Fatala, ex subsecretario, también fue mencionado como un actor que facilitó la operación, avalando la gestión de fondos de manera irregular.
En cuanto a los hermanos Schoklender, la fiscalía sostiene que Sergio, como apoderado de la Fundación, tuvo un rol central al firmar todos los contratos relacionados con el proyecto. Su hermano Pablo, por su parte, tenía la potestad de administrar todos los recursos y gestionar los pagos, lo que les permitió a ambos llevar a cabo las maniobras que hoy están bajo investigación. Además, se mencionó a funcionarios de Santiago del Estero, como Daniel Nasif y Karina Nasif, quienes, al recibir dinero de la Fundación, se encontraron en una posición comprometida, actuando en beneficio propio mientras facilitaban las irregularidades.
El fiscal Velasco también destacó la intención de recuperar los bienes de los procesados en caso de que se dicten condenas, sugiriendo que el monto de daño ocasionado por las irregularidades asciende a 206 millones de pesos. Esta cifra, que debe ser actualizada de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, representa un intento por parte del Ministerio Público de recuperar lo perdido por el Estado debido a esta supuesta maniobra delictiva.
La solicitud de condena se enmarca en un juicio que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral Federal 5, compuesto por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico. En la próxima audiencia, programada para el 5 de agosto, se espera la presentación de la querella, que representa a la Unidad de Información Financiera (UIF), y luego se dará paso a las exposiciones de las defensas, lo que podría llevar a un veredicto para septiembre u octubre de este año.
Durante su intervención, Velasco enfatizó que, tras el análisis de la prueba documental, ha quedado evidenciado el funcionamiento de una red criminal que operó en connivencia entre el gobierno nacional y los responsables del proyecto Sueños Compartidos. Esta declaración resalta la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer los hechos en un caso que ha captado la atención del público y de las instituciones del país, marcando un capítulo importante en la historia de la administración pública y la gestión de recursos destinados a la vivienda social en Argentina.
