La fiscal federal Alejandra Mangano ha solicitado al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia presentada contra Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni. Esta denuncia se refería a su viaje en el avión presidencial hacia Nueva York, donde participó en la Argentina Week. Según la fiscal, la inclusión de Angeletti en la comitiva representa un “uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”, lo que abre un debate sobre el uso de recursos oficiales y la interpretación de la normativa vigente.
El viaje realizado el 6 de marzo tuvo como destino final la ciudad de Nueva York, luego de una escala de dos días en Miami. La fiscal argumentó que Angeletti recibió una invitación formal para participar en el evento, lo que elimina la necesidad de contar con una autorización especial para su asistencia. Este aspecto es fundamental, ya que pone de relieve la diferencia entre el uso de aviones oficiales para fines personales y la justificación de la presencia de un cónyuge en una misión oficial.
Uno de los argumentos centrales presentados por la fiscalía es que no se generó ningún perjuicio económico para el Estado. El avión presidencial tiene capacidad para 39 pasajeros y, en el momento del vuelo, había asientos disponibles, lo que significa que la inclusión de Angeletti no implicó costos adicionales para el erario público. Esto contrasta con la percepción de que cada uso de aeronaves oficiales siempre implica un gasto, y abre la puerta a una reflexión sobre la eficiencia en el uso de recursos del Estado.
Además, se aclaró que el regreso de Bettina Angeletti no se realizó a través de recursos del Estado, sino mediante un vuelo comercial que fue abonado de manera privada. Adorni, en defensa de su esposa, ha rechazado las críticas formuladas en torno a este viaje, argumentando que la invitación fue realizada desde el mismo despacho presidencial. El funcionario también ha remarcado que todos los gastos personales generados durante el viaje fueron cubiertos por él mismo, lo que pone en duda las acusaciones de mal uso de recursos públicos.
En sus declaraciones, Adorni ha insistido en que no hubo ninguna irregularidad en el viaje y ha subrayado que es común que los miembros de las comitivas oficiales sean acompañados por sus parejas. Este hecho, que puede resultar controvertido, debe ser analizado en el contexto de las prácticas diplomáticas actuales, donde la participación de cónyuges en eventos oficiales no es una novedad. Según Adorni, las delegaciones actuales son más reducidas que las de administraciones anteriores, lo que también sugiere una tendencia hacia la austeridad en los viajes de Estado.
El caso se encuentra enmarcado dentro de la normativa que regula los viajes oficiales en Argentina. La Decisión Administrativa 9/2026 establece límites claros sobre la cantidad de integrantes en las comitivas y exige justificaciones para cualquier ampliación excepcional. Asimismo, el Decreto 712/2024 prohíbe el uso de aeronaves públicas para fines que no estén directamente relacionados con el servicio al Estado, lo que añade una capa adicional de complejidad a la discusión sobre el uso de recursos oficiales para actividades no estrictamente gubernamentales. Este episodio pone de manifiesto la necesidad de un análisis más profundo sobre la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos en el marco de la política argentina.
