La Fiscalía General del Estado analiza si la decisión de retirar la retribución semanal a menores extranjeros no acompañados alojados en centros de acogida de Aragón podría constituir un delito de odio. La medida fue ordenada por Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón y titular de la Consejería de Bienestar Social y Familia, además de líder regional de Vox.
A través de la Fiscalía de Menores de Zaragoza, el Ministerio Público remitió un oficio a la consejería para que confirme si la resolución ya fue aprobada. También solicitó precisiones sobre el alcance de la medida, en particular si se aplicará exclusivamente a menores extranjeros, y pidió que se expliquen los motivos de su adopción.
La información fue trasladada a la Fiscalía de Odio, que deberá evaluar si existen elementos para presentar una denuncia en el ámbito contencioso-administrativo. La decisión final dependerá del análisis que realice ese organismo, según fuentes fiscales.
Nolasco dispuso la supresión de las ayudas este lunes. Se trata de una partida que se abonaba con cargo al Presupuesto de la comunidad autónoma, mediante pagos semanales y de importe fijo para todos los menores alojados en centros dependientes del Gobierno de Aragón.
Desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia sostuvieron que esas pagas no contaban con un soporte reglado. La eliminación se enmarca en las auditorías internas de gastos que lleva adelante la consejería.
