Desde finales de julio de 2025, la deuda acumulada por parte del gobierno nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires ha alcanzado la alarmante cifra de $700.000 millones. Este monto es el resultado del incumplimiento en los pagos derivados de un fallo de la Corte Suprema relacionado con la coparticipación federal. A pesar de los esfuerzos y la buena fe de la administración porteña, el Gobierno nacional ha ido retrasando un acuerdo, mientras se presenta ante la opinión pública con un superávit fiscal que parece más una ilusión que una realidad.
Según fuentes cercanas al gobierno de Jorge Macri, la deuda se ha duplicado desde el último encuentro entre el jefe de Gobierno y el ministro de Economía, Luis Caputo, en diciembre del año pasado. En esa ocasión, la mora ascendía a aproximadamente $350.000 millones, acumulada a partir de la falta de transferencia de $20.000 millones semanales que el Poder Ejecutivo Nacional dejó de abonar desde agosto. Esta situación no solo pone en jaque las finanzas de la Ciudad, sino que también evidencia una creciente tensión entre las distintas jurisdicciones.
A medida que avanza el año, la presión sobre las finanzas nacionales y locales se intensifica debido a la caída de los ingresos tributarios, como lo señala un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La disminución de la actividad económica y la reducción en la recaudación impositiva son factores que han contribuido a esta complicada situación. La administración de Javier Milei ha optado por retener fondos destinados a la coparticipación desde agosto del año pasado, lo que agrava aún más el panorama.
Las reuniones entre los equipos técnicos de ambas partes han generado más interrogantes que respuestas. Si bien han surgido principios de entendimiento y un reconocimiento por parte de Caputo respecto a la magnitud de la deuda, no se han alcanzado acuerdos concretos. Sin embargo, se espera que antes de finalizar abril, el ministro se reúna nuevamente con los representantes porteños para continuar las negociaciones, lo que genera expectativas sobre una posible resolución.
Entre las opciones discutidas para saldar la deuda se encuentran la posibilidad de cubrirla con bonos emitidos por el Ministerio de Economía. Esta alternativa permitiría al Gobierno nacional mantener un superávit fiscal, aunque de manera cuestionable, ya que los intereses generados por estos bonos no se contabilizan en el resultado final de las cuentas públicas. Otra propuesta ha sido la cesión de terrenos, como los del Mercado de Hacienda de Liniers, aunque este camino ya ha tenido tropiezos legales en el pasado.
La magnitud de la deuda plantea serios desafíos para el Gobierno, ya que desembolsar $700.000 millones sin una estrategia de pago efectiva afectaría drásticamente las proyecciones fiscales que Milei y Caputo utilizan para justificar su modelo de ajuste. Ambos sostienen que, en un futuro cercano, la inflación se estabilizará gracias al superávit fiscal, pero este optimismo choca con la realidad de la deuda acumulada y las presiones económicas que enfrenta el país. En 2025, aunque las cuentas públicas muestran un saldo positivo de 1,45 billones de pesos después de pagar intereses, la situación está lejos de ser sostenible si no se toman medidas concretas y efectivas para resolver el conflicto con CABA.
