La jornada del lunes fue testigo de una escalada de violencia en las ciudades de La Paz y El Alto, donde diversas manifestaciones se unieron en un clamor por la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses. La Plaza Murillo, centro neurálgico del poder en Bolivia, fue escenario de enfrentamientos entre grupos de manifestantes y fuerzas policiales, con explosiones de dinamita y una intensa represión que se extendió por más de cinco horas. La situación se tornó caótica, reflejando el descontento acumulado en amplios sectores de la población.
Los reportes de los medios locales indican que la jornada estuvo marcada por actos de vandalismo, que incluyeron saqueos a instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia y la oficina de Derechos Reales. Los disturbios también afectaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuyo vehículo fue incendiado por los manifestantes, mientras que en El Alto se registraron ataques a una estación del teleférico. Además, la violencia no se limitó a la propiedad pública, ya que se reportaron agresiones a periodistas y ciudadanos, lo que evidencia un clima de inseguridad generalizado.
En medio del tumulto, se han viralizado en redes sociales imágenes y videos que muestran los momentos de agresión contra vendedores ambulantes y pasajeros de transporte público, resaltando el impacto directo de los disturbios en la vida cotidiana de los ciudadanos. Una mujer, visiblemente conmovida, compartió su experiencia en un video donde denuncia que perdió toda su mercadería a manos de los manifestantes, encapsulando el dolor y la desesperación que viven muchos en este contexto de crisis.
La respuesta del Gobierno fue rápida y contundente. Las fuerzas de seguridad optaron por dispersar a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos, lo que llevó a la evacuación de espacios públicos como universidades y edificios gubernamentales para evitar que los disturbios se intensificaran. La situación ha generado un debate sobre la efectividad y la proporcionalidad de la respuesta estatal ante la creciente violencia.
Los informes indican que entre los grupos que participaron en las protestas se encontraban cooperativistas mineros, miembros de la organización indígena Ponchos Rojos, sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), docentes rurales y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes habían recorrido 190 kilómetros para llegar a la sede de Gobierno. Este conglomerado de sectores sociales refleja la pluralidad de demandas que, aunque legítimas, se han visto empañadas por la violencia que ha comenzado a desbordar el ámbito de la protesta pacífica.
Frente a la creciente tensión, el Gobierno ha decidido no declarar un estado de excepción, pero ha reforzado la presencia policial y militar en las calles. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que se implementarán medidas de seguridad más estrictas y que se buscará a los responsables de actos delictivos, reafirmando el compromiso del gobierno de no dejar libre a quienes atenten contra el orden público. Por su parte, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, ha hecho una distinción entre manifestaciones pacíficas y aquellas que buscan desestabilizar el gobierno, señalando que el Ejecutivo ha estado dispuesto a dialogar con las demandas legítimas, pero no tolerará la violencia.
A raíz de los enfrentamientos, se reportaron al menos diez heridos, tanto entre miembros de las fuerzas de seguridad como entre civiles, y 69 detenciones. A pesar de los esfuerzos de mediación por parte de organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el panorama sigue siendo incierto y la posibilidad de una resolución pacífica del conflicto se complica ante la escalada de violencia y el descontento generalizado en la sociedad boliviana.
