La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado la decisión de no aceptar el recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) presentado por el Gobierno argentino, el cual buscaba una intervención directa en el caso que cuestiona la constitucionalidad de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Este fallo, emitido el jueves, representa un serio revés para la estrategia judicial del Ejecutivo, que pretendía blindar la reforma mediante la acción del máximo tribunal.
La acción judicial se origina en una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que ha cuestionado varios aspectos de la reforma laboral, argumentando que atenta contra derechos fundamentales de los trabajadores. A pesar de que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 había suspendido la aplicación de 83 artículos de la reforma, la Corte ha decidido que no se cumplen las condiciones necesarias para habilitar el per saltum, tal como estipula el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En su fallo, la Corte argumenta que no se observan los requisitos que habilitarían el uso de la vía extraordinaria solicitada por el Gobierno. La resolución, de carácter breve pero contundente, ha sido firmada el 7 de mayo de 2026, y ha llevado a la inadmisibilidad del recurso presentado por el Estado, lo que significa que la causa continuará su curso en los tribunales inferiores sin la intervención del máximo tribunal.
El Gobierno había tomado esta medida extraordinaria después de que la Cámara Nacional del Trabajo decidiera remitir la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal. Así, la Corte ha considerado que es inapropiado que el Ejecutivo pretenda que un tribunal superior se involucre en una cuestión que aún está siendo evaluada en instancias inferiores. Este desenlace pone de manifiesto las tensiones entre el ámbito judicial y el Ejecutivo en medio de un contexto político y social complejo.
La Procuración del Tesoro, que representa al Ministerio de Capital Humano, había argumentado que la suspensión de la ley por un tribunal de menor rango afecta la estabilidad del sistema jurídico y la división de poderes. Además, el Gobierno sostenía que la CGT no tenía la legitimidad necesaria para reclamar en nombre de todos los trabajadores, lo que añade una capa de controversia a la discusión en curso.
El conflicto sobre la reforma laboral comenzó a intensificarse cuando la CGT presentó su demanda, alegando que el contenido de la reforma vulneraba derechos laborales esenciales y restringía el acceso a la justicia. En este sentido, el juez Raúl Horacio Ojeda había accedido parcialmente a la solicitud de la CGT, lo que llevó a la suspensión de 83 artículos de la reforma. Este hecho se ha convertido en un punto crítico de debate sobre la relación entre las instituciones y los derechos de los trabajadores en Argentina.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la reforma laboral y la capacidad del Gobierno para implementar cambios significativos en un marco de creciente resistencia. Con la Corte habiendo decidido no intervenir, la atención ahora se dirige a cómo continuará el proceso en los tribunales inferiores y qué implicaciones tendrá esto para la política laboral en el país.
