En un giro significativo en el ámbito judicial de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia decidió revocar la orden de captura emitida el año pasado contra el excomisionado colombiano Iván Velásquez. Esta decisión, que también afecta a Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, se produjo en un contexto marcado por la lucha contra la corrupción y las tensiones políticas que han sacudido al país centroamericano en los últimos años.
La revocación fue oficializada por la Cámara de Amparo del máximo tribunal, que determinó que la orden de detención dictada por la Sala Tercera de Apelaciones en junio pasado carecía de fundamento legal. De acuerdo a fuentes judiciales, esta sala había emitido la orden a pesar de no contar con la autoridad para solicitar tales medidas, lo que llevó a la Corte a calificar la disposición como "notoriamente improcedente". Este fallo pone de manifiesto las irregularidades que han marcado el accionar de ciertos sectores del sistema judicial guatemalteco.
Cabe recordar que la Sala de Apelaciones ha sido objeto de críticas por parte de diversos expertos en derecho, quienes han señalado su tendencia a emitir resoluciones discutibles en contra de figuras opositoras al gobierno actual. Un caso emblemático es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien estuvo más de tres años encarcelado sin que se comprobaran las acusaciones en su contra, lo que ha generado un clima de preocupación sobre la libertad de prensa y la independencia judicial en el país.
La orden de captura contra Velásquez y Camargo fue solicitada por el Ministerio Público, cuyo liderazgo, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, enfrenta sanciones impuestas por Estados Unidos debido a acusaciones de corrupción y por su intento de deslegitimar los resultados electorales que llevaron a Bernardo Arévalo de León a la presidencia en 2023. Esta situación ha exacerbado la polarización política en Guatemala y ha puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones del Estado.
Durante su gestión al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Velásquez, junto a Camargo, desmanteló múltiples redes de corrupción que operaban en el país desde el Estado, afectando a una gran cantidad de políticos y funcionarios públicos. Su labor fue reconocida internacionalmente, pero también le valió un fuerte rechazo por parte de sectores que se sintieron amenazados por sus investigaciones. Actualmente, Velásquez se desempeña como embajador de Colombia ante el Vaticano, tras haber sido ministro de Defensa en la administración de Gustavo Petro.
Al conocer la decisión de la Corte, Velásquez expresó que la revocación de la orden de captura podría marcar un cambio en la situación política de Guatemala, especialmente a medida que se acerca el final del mandato de la fiscal Consuelo Porras. Esta perspectiva sugiere que el país podría estar en una encrucijada en su lucha contra la corrupción y en la búsqueda de un sistema judicial más justo y transparente.
La anulación de las órdenes de captura también se extiende a otros exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y del Ministerio Público, incluidos Francisco Sandoval, un fiscal anticorrupción que participó en el caso Odebrecht. Esta decisión reafirma la necesidad de revisar y posiblemente reformar el sistema judicial guatemalteco, para asegurar que las instituciones actúen de manera que se respete el estado de derecho y se protejan los derechos humanos, en un contexto donde la corrupción ha sido un obstáculo persistente para el desarrollo del país.
