La Contraloría General de Perú ha dado a conocer un informe que señala a al menos diez funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como responsables de diversas irregularidades que afectaron el desarrollo de las elecciones generales celebradas el 12 de abril. Este escándalo ha generado un profundo malestar en la ciudadanía y plantea serias interrogantes sobre la eficacia de los procesos electorales en el país. La situación se vuelve aún más crítica considerando que Lima, la capital, sufrió grandes retrasos en la apertura de los locales de votación debido a la falta de material electoral, lo que dejó a miles de ciudadanos sin poder ejercer su derecho al voto en tiempo y forma.

Entre los funcionarios implicados se encuentra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien presentó su renuncia poco después de los comicios debido a la presión pública y política, particularmente del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga. La Contraloría ha determinado que Corvetto y otros funcionarios favorecieron de manera indebida a la empresa de transporte Galaga, encargada de la distribución del material electoral. Según el informe, la ONPE modificó los requisitos del concurso público a favor de esta empresa, reduciendo las especificaciones del tamaño de los camiones que debían utilizarse para el transporte de 10 a 8 metros cúbicos, lo que evidenciaría una falta de transparencia y un posible conflicto de intereses.

Además, se ha reportado que Galaga utilizó una mayoría abrumadora de vehículos alquilados para el transporte del material electoral, específicamente 437 de los 477 vehículos utilizados, lo que representa un 92% del total. Solo un 8% de los vehículos eran de la propia empresa, lo que pone de manifiesto la ineficiencia en la gestión logística del proceso electoral, así como la falta de control por parte de los evaluadores de la ONPE en la fase de selección. Esta situación ha sido calificada por la Contraloría como un “accionar irregular” que contribuyó a la debacle en la distribución del material electoral.

Otro de los puntos críticos señalados por la Contraloría es la reprogramación de rutas de entrega, realizada el día anterior a las elecciones, que afectó a 553 locales de votación y 8.261 mesas de sufragio. Esta decisión, tomada a solo doce horas de las elecciones, implicó un tiempo de entrega de hasta 4 horas, cuando en realidad se requerían al menos 8 horas para asegurar que todo el material y equipos informáticos llegaran a tiempo. Este cambio de última hora resultó en que 3.605 mesas de sufragio recibieran el material de forma tardía, afectando a 55.261 electores que no pudieron votar.

Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomó la inusual decisión de abrir trece colegios donde se encontraban las mesas afectadas al día siguiente, una medida que busca salvaguardar el derecho al voto de aquellos ciudadanos perjudicados por la mala gestión electoral. Esta acción resalta la importancia del acceso al sufragio y la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar en el proceso democrático, independientemente de las fallas institucionales.

La Contraloría ha recomendado al actual titular interino de la ONPE que lleve a cabo las acciones necesarias para deslindar responsabilidades entre los funcionarios involucrados en estas irregularidades. Asimismo, instó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a iniciar acciones penales contra los implicados, con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Esta situación no solo pone en evidencia fallas en la organización electoral, sino que también plantea la necesidad de reformas profundas en el sistema para restaurar la confianza en los procesos democráticos del país.