Lima, 19 de marzo (Redacción Medios Digitales) - La Comisión de Venecia, un organismo compuesto por expertos en derecho constitucional del Consejo de Europa, ha expresado su preocupación sobre las "serias debilidades estructurales" que presenta el sistema judicial peruano. En un informe presentado al Congreso de Perú, el organismo instó al Estado a llevar a cabo una reforma integral del sistema judicial, enfatizando la necesidad de un enfoque consensuado y de carácter institucional que garantice su eficacia y legitimidad. Esta solicitud surge en respuesta a inquietudes planteadas por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien, en septiembre de 2025, solicitó una evaluación de las reformas judiciales en curso y su impacto sobre la independencia de la justicia.
El informe de la Comisión de Venecia se enfoca en diversas iniciativas legislativas implementadas en los últimos años, las cuales han sido desarrolladas a un ritmo acelerado y de manera descoordinada. Esta falta de coordinación ha dificultado un análisis adecuado de su efecto acumulativo sobre el equilibrio institucional del país. En este sentido, el organismo europeo subraya que el enfoque actual, caracterizado por reformas parciales y simultáneas, no solo es insuficiente para remediar las falencias del sistema, sino que podría agravar problemas existentes, como la inestabilidad institucional, la incoherencia normativa y la debilidad de los mecanismos de control existentes.
Entre las alertas más significativas del informe, la Comisión de Venecia sostiene que algunas propuestas legislativas podrían representar un retroceso en el fortalecimiento de la independencia judicial, afectando negativamente el equilibrio entre los poderes del Estado y el funcionamiento democrático del país. La preocupación radica en que ciertas reformas podrían debilitar las estructuras que sostienen la autonomía judicial, lo que pone en riesgo la integridad del sistema democrático peruano y la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Adicionalmente, el informe destaca problemas estructurales críticos, como la elevada cantidad de jueces con nombramientos temporales. Esta situación compromete la estabilidad en los cargos judiciales y hace que los magistrados sean susceptibles a presiones políticas o institucionales. La Comisión advierte que la inestabilidad en la designación de jueces puede derivar en decisiones judiciales influenciadas por factores ajenos a la meritocracia, lo que socava la independencia del poder judicial y su capacidad para actuar con imparcialidad.
Otro punto de crítica importante se centra en el riesgo de politización en decisiones clave, como el proceso de nombramiento de jueces. La participación de órganos políticos en estos procedimientos, sin las garantías adecuadas, puede dar lugar a que se prioricen criterios que no están relacionados con el mérito, lo que repercute negativamente en la independencia judicial. Por lo tanto, la Comisión insta a adoptar mecanismos que aseguren una designación de jueces basada en criterios objetivos y transparentes.
Finalmente, el informe también cuestiona la práctica de la ratificación periódica de jueces, sugiriendo que este mecanismo podría convertirse en una herramienta de control político en lugar de un medio para garantizar la calidad del servicio judicial. Para evitar esto, se recomienda implementar sistemas de evaluación continua basados en criterios objetivos que permitan una supervisión efectiva sin poner en riesgo la independencia de los magistrados. La Comisión de Venecia concluye que para lograr un sistema judicial robusto y confiable, es fundamental avanzar hacia reformas integrales que aseguren la estabilidad, la independencia y la eficacia del poder judicial en Perú.
