Durante el verano de 1976, Argentina vivía una crisis profunda. La inflación desbordaba las expectativas, la descomposición social era evidente y las instituciones enfrentaban serios problemas de funcionamiento. La violencia se había convertido en un fenómeno generalizado, con un saldo trágico de más de 500 personas asesinadas por el aparato paraestatal de la Triple A, dirigido por José López Rega, y más de 7.000 atentados atribuidos a los grupos terroristas ERP y Montoneros. En medio de este caos, la justicia brillaba por su ausencia debido a la irresponsable ley de amnistía de 1973 y la eliminación de la Cámara Federal en lo Penal, lo que permitió que muchos perpetradores de violencia operaran sin consecuencias bajo un gobierno constitucional.
A pesar de que varios líderes empresariales, sindicales y políticos denunciaban la grave situación, sus intervenciones carecían de propuestas concretas. Un claro ejemplo de esta falta de compromiso fue la declaración del entonces secretario general de la CGT, Casildo Herrera, quien afirmó “yo me borro”, reflejando la descomposición del peronismo y la renuencia del sindicalismo a respaldar al debilitado gobierno de María Estela Martínez de Perón.
En el ámbito de la oposición, Ricardo Balbín, líder de la UCR, expresó en un discurso previo al golpe que no tenía respuestas a la crisis, ignorando su responsabilidad histórica. Si hubiera aceptado la candidatura a vicepresidente ofrecida por el General Perón, podría haber asumido la presidencia en lugar de la incompetente esposa del caudillo, condenada al fracaso. Este fue un error significativo para el radicalismo, que también había fallado al no permitir que el Partido Demócrata Nacional se uniera a la Unión Democrática, lo que podría haber cambiado el rumbo electoral de 1946. En este contexto, era palpable la inminencia de un golpe cívico-militar, aunque pocos podían prever su fecha exacta.
En la noche del 25 de febrero de 1976, se realizó en la Cámara de Diputados una sesión especial para debatir un proyecto de juicio político contra Isabel Perón, impulsado por la bancada de la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO). Francisco J. Moyano, líder de dicha bancada, solicitó su tratamiento y resaltó la urgencia de abordar la situación que enfrentaban los argentinos que creían en la democracia.
