La Cámara Federal de Apelaciones ha decidido mantener su postura en relación al caso que involucra al expresidente Alberto Fernández en una causa por presunta violencia de género, al rechazar el pedido de nulidad presentado por su defensa. Esta decisión se produce en el contexto de una serie de actuaciones llevadas a cabo por el juez Julián Ercolini, quien fue apartado del caso tras una recusación admitida por la Cámara de Casación. A través de un fallo unánime de los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, se ha confirmado la validez de todas las resoluciones previas, lo que permite que el proceso avance hacia nuevas etapas judiciales.
El núcleo de la defensa de Fernández se centró en la solicitud de nulidad de los actos procesales realizados por Ercolini, argumentando que su apartamiento implicaba la invalidación de todas las acciones tomadas hasta ese momento. La abogada Silvina Carreira, representante legal del expresidente, enumeró varias diligencias que considerarían viciadas, tales como allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos y la obtención de información. Sin embargo, el tribunal destacó que la decisión de la Cámara de Casación no anula automáticamente los actos previos, sino que establece un marco que permite la continuidad del proceso, tal como lo puntualizó el juez Farah en su voto.
En su intervención, el juez Eduardo Farah hizo hincapié en que la resolución de la Cámara de Casación incluyó una aclaración crucial: el apartamiento del juez Ercolini no conlleva la nulidad de los actos cumplidos anteriormente. Este razonamiento fue compartido por Boico, quien enfatizó que la sentencia de la Cámara no solo reemplazó al juez, sino que también estableció que no se debía retroceder en el proceso, recordando los compromisos internacionales que Argentina ha asumido en la protección de las mujeres y la prevención de la violencia de género. Esta postura resalta la importancia de no permitir que la justicia se vea entorpecida por cuestiones procesales que podrían poner en riesgo la integridad de las víctimas.
El magistrado Martín Irurzun se alineó con sus colegas y destacó que la defensa de Fernández no había solicitado a la Cámara de Casación la nulidad total del expediente, sino que pretendía que dicha nulidad se aplicara posteriormente. Este punto es crucial, ya que indica que la estrategia de defensa se basaba en un malentendido de las implicaciones de la decisión de la Cámara de Casación. De esta manera, el tribunal ha dejado claro que el camino del proceso judicial continuará de acuerdo a lo estipulado por las normativas vigentes.
En el mismo fallo, los jueces Boico y Farah decidieron dar instrucciones al nuevo juez asignado al caso, Daniel Rafecas, para que considere las pruebas que la defensa considera esenciales para su estrategia. Estas pruebas, que habían sido previamente rechazadas por el juez Ercolini, podrían influir en el desarrollo del caso y en la posibilidad de una defensa efectiva para el exmandatario. La atención ahora se centra en cómo Rafecas abordará estas solicitudes y cómo impactarán en la evolución del proceso judicial.
La causa se inició tras la revelación de comunicaciones telefónicas entre la ex primera dama, Fabiola Yañez, y María Cantero, secretaria privada de Fernández, que despertaron la alarma sobre posibles situaciones de violencia. Los mensajes y fotos intercambiados llevaron a la Justicia a aceptar una denuncia presentada por Yañez, que culminó en el procesamiento del ex presidente por lesiones leves y amenazas coactivas. Este último cargo se fundamenta en las supuestas presiones ejercidas por Fernández para que su exmujer no formalizara la denuncia, lo que plantea serias implicaciones sobre la dinámica de poder en sus relaciones personales.
La defensa de Fernández ha sostenido que la investigación se basa en evidencia obtenida de manera irregular, argumentando que la extracción de datos de un celular en otra causa no contaba con la debida autorización judicial. Esta estrategia, conocida en el ámbito legal como "expedición de pesca", intenta cuestionar la validez de la información recopilada, lo que podría ser un punto crucial en los próximos procedimientos. A medida que el caso avanza, se espera que los jueces evalúen estos argumentos y determinen su impacto en el proceso judicial que se desarrolla en torno a una de las figuras más controversiales de la política argentina contemporánea.
