La presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Yara Jiménez, tomó la decisión este jueves de archivar los tres informes relacionados con el caso de presunto acoso sexual que involucra al exdiputado Fabricio Alvarado, denunciado por la exlegisladora Marulin Azofeifa. Esta resolución significa que los informes, de los cuales dos recomendaban una sanción ética pública, no serán sometidos a votación en el Plenario. Así, el actual Congreso desestima la posibilidad de imponerle una sanción administrativa, aunque la causa continúa su curso en el ámbito judicial.
La decisión de Jiménez se basa en el argumento de que la potestad para sancionar por hechos que ocurrieron durante el ejercicio legislativo se extinguió con la renuncia de Alvarado a su curul el 30 de abril. En su exposición ante el Plenario, la presidenta hizo referencia al criterio del Departamento de Servicios Técnicos, que señala que el reglamento contra el hostigamiento sexual solo aplica a quienes ostentan la condición de diputados. Por tanto, se entiende que el plazo para imponer sanciones ya no es aplicable a Alvarado, lo que ha generado un debate significativo sobre la efectividad de las regulaciones existentes.
La resolución ha sido objeto de críticas por parte de legisladores de oposición, quienes han cuestionado la decisión de archivar el expediente 25,400. El diputado José María Villalta, líder de la fracción del Partido Frente Amplio, expresó su descontento, afirmando que tanto la bancada de Pueblo Soberano como el gobierno están protegiendo una red de encubrimiento. Claudia Dobles, representante de Agenda Ciudadana, también se mostró escéptica acerca de la legalidad de dejar los informes sin votación, argumentando que esta acción favorece al exdiputado Alvarado.
El expediente en cuestión no solo aborda la denuncia de Azofeifa, sino que también incluye otras imputaciones contra Alvarado. Además del caso de hostigamiento sexual presentado por la exlegisladora, el exdiputado enfrenta otras dos acusaciones: una de abuso sexual formulada por Alicia Castillo, quien sostiene que el hecho ocurrió cuando tenía 13 años en 2006, y otra denuncia presentada por una mujer no identificada. A raíz de su salida de la Asamblea, Alvarado ha perdido la inmunidad parlamentaria, lo que permite que los procesos judiciales continúen su curso en el sistema ordinario.
La defensa de Marulin Azofeifa ha solicitado diversas medidas cautelares en el marco de este caso, que incluyen arresto domiciliario, el uso de una tobillera electrónica, prohibición de salida del país y restricción de acercamiento a la denunciante. El 12 de mayo, Alvarado compareció ante la Fiscalía General para una indagatoria, donde se le notificó formalmente sobre las acusaciones en su contra y se le impusieron condiciones como la prohibición de perturbar a una de las denunciantes. Este contexto ha generado un clima de tensión en el ámbito político costarricense, donde la lucha contra el acoso y la protección de los derechos de las víctimas siguen siendo temas centrales.
El archivo del caso abre un debate sobre la efectividad de las normativas contra el hostigamiento en el contexto legislativo, así como sobre la respuesta institucional ante situaciones de acoso sexual. La decisión de no sancionar a Alvarado, a pesar de las recomendaciones de los informes, plantea interrogantes sobre las dinámicas de poder y la protección de los derechos de las víctimas en el ámbito político. En un momento donde la sociedad costarricense demanda mayor transparencia y justicia en estos casos, la actuación de la Asamblea Legislativa se convierte en un punto crucial para el futuro de la política y la igualdad de género en el país.
