En el marco de la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales del 12 de abril, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró confiada en su capacidad para liderar el país y enfrentar la creciente ola de criminalidad. Durante su participación en el tercer debate presidencial, Fujimori afirmó tener la fuerza y la experiencia necesarias para gobernar, aunque se vio envuelta en un torbellino de críticas por parte de sus contrincantes, quienes la acusan de estar vinculada a un "pacto mafioso" que ha dominado la política peruana en los últimos años.

Fujimori, quien encabeza las encuestas de intención de voto, declaró que su partido es el único capaz de ofrecer soluciones efectivas a la crisis de seguridad que afecta al país. "Perú no aguanta más improvisaciones", enfatizó, y añadió que su formación política posee un equipo preparado para afrontar la delincuencia. Su retórica se sustenta en recordar las políticas de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, sugiriendo que ha heredado su legado de firmeza frente al terrorismo.

Sin embargo, sus afirmaciones no pasaron desapercibidas y generaron un fuerte rechazo entre sus adversarios. Durante el debate, Ronald Atencio, representante de la coalición izquierdista Venceremos, lanzó una dura crítica hacia Fujimori, acusándola de ser una"digna representante de las organizaciones criminales" y de haber contribuido a la crisis de seguridad que enfrenta el Perú. Esta situación, según Atencio, tiene sus raíces en la Constitución promulgada durante el gobierno de su padre, una referencia a las políticas controvertidas de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.

Otros candidatos también se sumaron a las críticas. Mesías Guevara, del partido Morado, instó a los ciudadanos a "rescatar" a Perú, enfatizando que la situación actual de criminalidad es producto de las leyes que, según él, Fujimori y su grupo han promovido. La acusación de ser parte de un "pacto mafioso" resonó con fuerza, creando un ambiente de confrontación en el que la aspirante presidencial no solo defendió su posición, sino que también reafirmó su intención de modificar aspectos del sistema judicial si llegara a la presidencia.

Más allá de las acusaciones, Fujimori afirmó que, si es necesario, retirará a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque descartó la aplicación de la pena de muerte, dejó entrever su intención de reinstaurar el uso de jueces encubiertos, una medida polémica implementada en la administración de su padre, lo que generó un debate sobre la legalidad y la moralidad de tales acciones en el contexto actual.

Por su parte, Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra, recordó los escándalos de corrupción que marcaron la era de Montesinos, sugiriendo que las prácticas corruptas continúan presentes en la política del país. En este clima tenso, Fujimori contrarrestó las críticas al afirmar que, aunque las leyes se pueden aprobar desde el Congreso, la verdadera recuperación de la seguridad requiere un liderazgo desde la presidencia.

La polarización en la política peruana se hace cada vez más evidente, y las próximas elecciones se perfilan como un momento decisivo para el país. La figura de Keiko Fujimori sigue siendo controvertida, y las acusaciones sobre su supuesta conexión con prácticas corruptas y criminales plantean un dilema para los votantes, que deben decidir entre el cambio y la continuidad en un contexto de creciente inseguridad y desconfianza en las instituciones. En este sentido, el debate sobre su candidatura no solo aborda su legado familiar, sino que también refleja la lucha por el futuro de Perú.