En un desarrollo significativo en el conflicto laboral que enfrenta a la empresa FATE y sus trabajadores, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (Sutna) ha dado a conocer que la Justicia ha ordenado el embargo de más de $3.000 millones a la compañía. Esta decisión se produce en respuesta a la falta de pago de salarios, un incumplimiento que fue previamente señalado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que emitió una resolución en este sentido hace aproximadamente dos semanas.
El anuncio fue realizado por Alejandro Crespo, líder del Sutna, durante una concentración que tuvo lugar en la Plaza de Mayo, donde los trabajadores se reunieron para manifestar su descontento y exigir soluciones a la problemática. Crespo aprovechó la ocasión para intensificar las presiones sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instándolo a intervenir en el conflicto laboral. El dirigente sindical subrayó la necesidad urgente de que se apruebe una ley que permita la ocupación temporal de la planta, lo que facilitaría el regreso a la producción de neumáticos, vital para el transporte público y logístico del país.
"El gobernador aún no ha respondido a nuestro pedido de reunión, y le recordamos que no puede liderar la oposición desde una postura que minimiza la justicia argentina", afirmó Crespo ante los medios. Esta declaración refleja el clima de tensión que se vive en la provincia, donde los trabajadores sienten que sus derechos están siendo vulnerados, y se cuestiona la falta de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales. Además, Crespo enfatizó que es crucial que Kicillof adopte una postura firme en este conflicto, para evitar que la situación laboral empeore y que muchos trabajadores queden en la calle, lo que podría agravar la crisis social.
El embargo de $3.000 millones se origina de un recurso de amparo presentado por el Sutna, que busca hacer cumplir un acuerdo firmado en mayo de 2025. En este acuerdo, FATE se comprometía a no realizar despidos sin causa y a mantener el pago de salarios hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la empresa ha argumentado que, tras el cierre de su planta el 18 de febrero, dicho acuerdo ya no tiene validez, lo que llevó al sindicato a solicitar un embargo aún mayor, de $5.300 millones, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
La decisión judicial obliga a FATE a abonar los salarios adeudados desde el cierre de la planta a los 920 trabajadores que se han visto afectados. Además, la empresa deberá continuar con los pagos correspondientes hasta finales de junio, según lo establecido por uno de los abogados del sindicato. Este fallo es un paso importante en la defensa de los derechos laborales, aunque la empresa ya ha manifestado su intención de apelar la decisión de la Cámara.
Por otro lado, FATE ha señalado que la reducción de su plantilla de trabajadores sigue adelante. En los últimos quince días, otros 17 empleados han aceptado acuerdos de desvinculación bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que indica que la situación de los trabajadores es cada vez más crítica. En la última audiencia de conciliación, se informó que, actualmente, solo quedan 239 empleados activos, una disminución respecto a los 256 que se mencionaron en la audiencia anterior del 1 de abril.
Este conflicto no solo pone en jaque el futuro de cientos de trabajadores, sino que también plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad social de las empresas y la intervención del Estado en la protección de los derechos laborales. La comunidad espera que el gobierno provincial tome medidas decisivas para prevenir un desastre social, ya que la falta de acción podría transformar la crisis laboral en una crisis humanitaria, con repercusiones que se extienden más allá de la industria del neumático. El desenlace de este conflicto será un punto crítico para evaluar el compromiso del gobierno y de las empresas con el bienestar de los trabajadores y el mantenimiento de la producción en Argentina.
