El juez federal Sebastián Ramos ha tomado una decisión contundente al procesar al diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, por su participación en la ocupación del Instituto Perón, un suceso que tuvo lugar el 7 de junio de 2025. Grabois enfrenta cargos por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, además de un embargo de 5 millones de pesos que pesa sobre sus bienes. Esta acción judicial se inscribe en un contexto político tenso, marcado por la reciente condena de la expresidenta Cristina Kirchner por corrupción, lo que ha desencadenado una serie de movilizaciones por parte de militantes afines al kirchnerismo.
El juez Ramos también ha procesado a Valentín Peralta, un joven militante y estudiante, quien es señalado como uno de los principales actores de la ocupación que resultó en daños a la propiedad y lesiones a varios miembros de la policía. Peralta ha sido objeto de un embargo de 1 millón de pesos. La decisión del magistrado se basa en la interpretación de que, a pesar de la orden de desalojo emitida, Grabois fomentó un clima de hostilidad que derivó en agresiones hacia los efectivos policiales.
En el contexto de la toma del Instituto Perón, que se llevó a cabo en un clima de creciente tensión política, tanto Grabois como Peralta fueron arrestados. Este episodio ocurrió pocos días antes de que la Corte Suprema confirmara la condena de seis años de prisión a Cristina Kirchner, lo que generó un aumento en las protestas de sectores que se identifican con el kirchnerismo. La ocupación y los disturbios que la acompañaron han sido objeto de atención mediática y judicial, dado que implicaron un enfrentamiento directo entre manifestantes y fuerzas del orden.
El juez Ramos fundamentó su resolución al afirmar que la conducta de Grabois y Peralta se caracterizó por una clara desobediencia a la autoridad, con Grabois actuando como líder y motivador de los manifestantes. Se sostiene que ambos tenían plena conciencia de estar actuando en contra de la voluntad del propietario del inmueble, que había sido cerrado por el gobierno a través del decreto 346/2025. Este contexto de desobediencia y resistencia a la autoridad ha llevado a la justicia a actuar con celeridad y determinación.
En respuesta a esta decisión judicial, la agrupación Patria Grande, liderada por Grabois, ha emitido un comunicado en el que condena el procesamiento, tildándolo de “trucho” y denunciando una supuesta persecución política orquestada por el gobierno de Javier Milei. La organización argumenta que esta medida es parte de una estrategia más amplia para amedrentar a la oposición y silenciar las voces críticas al gobierno actual. Este tipo de acusaciones no son nuevas en el panorama político argentino, donde los enfrentamientos entre el poder ejecutivo y la oposición suelen intensificarse en momentos de crisis.
Patria Grande ha calificado el procesamiento como un “mamarracho jurídico”, argumentando que se trata más de una maniobra política que de una acción judicial legítima. La organización sostiene que la presión del gobierno sobre el Poder Judicial es evidente, y que este tipo de decisiones buscan disciplinar a quienes se oponen a la administración actual. Este tipo de conflictos entre el poder político y el sistema judicial genera un clima de desconfianza y polarización en la sociedad argentina, donde las instituciones son frecuentemente cuestionadas.
La decisión del juez Ramos se basa en una serie de pruebas, incluyendo testimonios, fotografías y grabaciones que documentan la entrada no autorizada de Grabois y Peralta al Instituto Juan Domingo Perón. Asimismo, se han presentado informes médicos de los agentes heridos durante los disturbios, revelando la gravedad de las lesiones sufridas, lo que ha llevado al magistrado a considerar la situación con seriedad y a tomar medidas que reflejan la necesidad de mantener el orden público y la seguridad. La resolución judicial marcará un precedente en la manera en que se manejan las ocupaciones y protestas en el país, en un contexto donde la tensión política continúa en aumento.
