El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, ha presentado un reclamo formal al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, exigiendo la transferencia de $27 mil millones destinados a la atención de bonaerenses que se encuentran en situación de calle en el ámbito porteño. Esta solicitud surge en un contexto donde la provincia ha decidido ampliar su red de centros de atención, sumando un total de 58 instalaciones para albergar a personas sin hogar, en un intento por afrontar la creciente crisis social.
La controversia se intensifica a través de las redes sociales, donde Macri ha manifestado su descontento, afirmando que es momento de que los habitantes de la Ciudad dejen de cargar con el costo de la gestión provincial. “Es hora de que se hagan cargo”, enfatizó, subrayando la responsabilidad que tiene la provincia en brindar asistencia a sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad. La situación plantea un dilema significativo sobre las responsabilidades compartidas entre las distintas jurisdicciones en la atención social de sus residentes más desfavorecidos.
Desde la administración porteña, se ha argumentado que la obligación de asistir a las personas en situación de calle recae sobre cada provincia según la normativa vigente. Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires asiste a 2.327 personas con domicilio en Buenos Aires, lo que representa un desafío considerable para los recursos de la metrópoli. Esta situación pone de relieve las tensiones entre ambas administraciones, dado que la Ciudad se ve presionada a actuar en un área que, según los funcionarios, debería ser responsabilidad de la provincia.
La gestión de Macri, a través de un comunicado, ha insistido en que el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional establece claramente que cada jurisdicción debe asumir la responsabilidad de la atención a las personas en situación de calle. Sin embargo, argumentan que la provincia no está cumpliendo con esta normativa, lo que ha llevado a un aumento en la carga financiera sobre la Ciudad. Además, han recordado que la provincia, mediante la Ley 13.956, creó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, lo que añade otra capa de complejidad a la discusión sobre la responsabilidad estatal.
Los ministros de Desarrollo Humano y Hábitat y de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gabriel Mraida y Gustavo Arengo, respectivamente, han solicitado al ministro de Economía de la provincia, Pablo López, que proceda con la transferencia inmediata de los recursos necesarios para cubrir esta deuda, la cual se ha acumulado a lo largo del tiempo. Según sus cálculos, el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, lo que lleva el total a más de $27 mil millones desde la entrada en vigencia del mencionado decreto.
Este conflicto no solo pone de relieve la presión financiera que enfrenta la Ciudad, sino que también plantea preguntas sobre la efectividad de las políticas públicas en ambas jurisdicciones. La administración porteña sostiene que la utilización de estos recursos podría haber sido destinada a otras áreas críticas, lo que genera un impacto directo en la calidad de vida de los residentes. En respuesta a esta situación, la provincia ha decidido expandir su red de centros de contención, lo que podría interpretarse como una tentativa de aliviar la presión pública y dar respuesta a la creciente vulnerabilidad social en el contexto actual.
