El presidente Javier Milei ha dado un paso decisivo en su política judicial al remitir al Senado un nuevo conjunto de pliegos que incluye 21 postulaciones de jueces y fiscales. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia destinada a cubrir las numerosas vacantes existentes en el sistema judicial federal, un tema que ha cobrado relevancia en las últimas semanas. Desde que asumió el cargo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha enviado un total de 170 pliegos al Senado, lo que refleja el compromiso del gobierno con una rápida reestructuración del Poder Judicial.
La decisión de Milei de acelerar este proceso se enmarca en su política libertaria, que busca aprovechar el apoyo circunstancial que el oficialismo tiene en la Cámara alta. Con esta nueva remesa, el presidente busca no solo llenar los huecos existentes en el sistema judicial, sino también consolidar su influencia en un sector que ha sido históricamente complicado para los gobiernos. La administración actual ha identificado una serie de vacantes que, hasta el inicio de su gestión, habían permanecido sin ocupar, lo que ha motivado esta rápida acción.
En una jornada que coincidió con su partida a España para participar en una conferencia internacional, Milei firmó los decretos para la designación de 47 jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido previamente aprobados por el Senado. Esto demuestra una intención clara de avanzar en su agenda judicial antes de su viaje, buscando así minimizar cualquier interrupción en el proceso de nombramientos.
Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de esta nueva remesa es la exclusión de María Verónica Michelli, abogada propuesta para ocupar una vacante en el Juzgado Federal de La Plata. Desde el Ministerio de Justicia han aclarado que no se ha firmado ningún decreto para su designación, lo que ha generado especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de esta decisión. Fue notable que, a pesar de que su pliego había sido enviado al Senado y estaba listo para ser votado, Milei optó por no firmar su nombramiento, lo que equivale a un veto implícito.
La situación se complica aún más al considerar que la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sugirió que la exclusión de Michelli podría estar relacionada con su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta interpretación ha resonado en los pasillos del Congreso y ha generado un amplio debate sobre las implicancias políticas de tal decisión. En un contexto donde la independencia judicial es un tema de conversación constante, esta acción por parte del presidente podría verse como un mensaje claro sobre las intenciones del gobierno en relación con el Poder Judicial.
El entorno de Mahiques ha indicado que la decisión de no avanzar en el nombramiento de Michelli también se aplicó a otros tres postulantes: Carlos Fabián Cuesta, María Julia Sosa y Ana María Cristina Juan. La omisión de estos nombres en la lista de pliegos enviados al Senado ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre los criterios utilizados para las designaciones. El listado de 21 pliegos no incluye a candidatos de los juzgados o cámaras de Comodoro Py, aunque se anticipa que en las próximas semanas podrían surgir novedades en este frente.
El Consejo de la Magistratura está actualmente evaluando algunos de los puestos más sensibles dentro del Poder Judicial, lo que indica que la reconfiguración del sistema judicial podría estar lejos de concluir. Recientemente, se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría en el concurso Nº 461, que busca cubrir dos vocalías en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Este escenario sugiere que, a medida que avanza la gestión de Milei, los cambios en la estructura judicial argentina seguirán siendo un tema candente en el debate público.
