Alicia López, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha cuestionado duramente las explicaciones brindadas por Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, en relación a la aparición de activos no reportados en sus declaraciones patrimoniales. En una reciente conversación, López destacó las complicaciones tanto técnicas como legales que enfrenta la causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito, sugiriendo que la situación podría derivar en un análisis por lavado de activos.
La controversia surge a raíz de la revelación pública de Adorni, quien admitió haber realizado ahorros en negro y justificó fondos no declarados al mencionar inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018. Este reconocimiento ha llevado al funcionario a presentar nuevas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se incluyen 513.000 dólares en criptomonedas. Esta rectificación se ha vuelto el centro de la investigación judicial que se lleva a cabo actualmente.
López, en su análisis, considera que la estrategia de declaración de Adorni podría acarrear consecuencias legales más severas de las que inicialmente se habían discutido. La exfuncionaria hizo hincapié en que el hecho de que Adorni haya afirmado que “ahorró en negro” implica un reconocimiento de evasión fiscal, lo que podría constituir un delito tributario. Este tipo de afirmaciones no solo afectan su situación personal, sino que también generalizan una práctica delictiva al aludir a que “todas las personas son evasores”.
La especialista subrayó que las inversiones realizadas por Adorni, al haberse llevado a cabo antes de su ingreso al ámbito público, hacen que la figura del enriquecimiento ilícito pierda relevancia. En consecuencia, la investigación podría encuadrarse en el delito de lavado de activos, dado que la legislación modificada en 2012 considera la evasión fiscal como un delito antecedente. En este contexto, las fuentes de esos fondos se vuelven cruciales para esclarecer cualquier irregularidad.
López también mencionó que la situación legal de Adorni y del fiscal encargado del caso se complica, ya que es necesario demostrar la procedencia y el rastro del dinero involucrado, un aspecto que resulta especialmente complicado en el ámbito de las criptomonedas. La naturaleza descentralizada y en ocasiones anónima de estas inversiones plantea un desafío adicional para la investigación.
Desde la perspectiva de la exfuncionaria, las afirmaciones de Adorni carecen de credibilidad desde un punto de vista técnico y de mercado. López, quien se identificó como contadora, expresó sus reservas sobre la capacidad de Adorni para haber realizado inversiones informadas en criptomonedas durante el periodo en cuestión. “Me parece que se metió en un terreno que desconoce. En 2013, cuando comenzó a hablar de sus inversiones, el conocimiento sobre criptomonedas era mínimo”, puntualizó. Esta falta de credibilidad en las declaraciones de Adorni se suma a otras inconsistencias previamente señaladas, lo que no contribuye a disipar las dudas sobre su accionar.
Finalmente, López concluyó que las contradicciones en los relatos de Adorni, junto con su reciente rectificación patrimonial, no logran despejar las suspicacias existentes. Al contrario, refuerzan la percepción de que su situación es aún más comprometida, especialmente en un entorno que sigue de cerca las prácticas de transparencia y legalidad en el manejo de fondos públicos y privados. La investigación continúa y se espera que arroje luz sobre la veracidad de las alegaciones formuladas.
La situación de Adorni es un claro ejemplo de la complejidad que enfrentan los funcionarios públicos en el manejo de sus declaraciones patrimoniales y la necesidad de una mayor regulación en torno a las inversiones en criptomonedas, que, aunque innovadoras, presentan riesgos significativos en términos de trazabilidad y legalidad.
