La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha puesto al descubierto serias anomalías en la gestión legal de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la administración de corredores viales en el país. Según un informe de la SIGEN, abogados vinculados a la firma no solo fallaron en la defensa adecuada de los intereses del Estado en juicios ejecutivos, sino que además, en tres casos específicos, recibieron honorarios que están prohibidos por la legislación vigente. Este manejo irregular resultó en el desvío de más de 66 millones de pesos desde fondos públicos hacia cuentas personales de los abogados involucrados, lo que genera un impacto fiscal total que supera los 4.664 millones de pesos cuando se consideran todos los juicios auditados.

Corredores Viales S.A. opera bajo la supervisión estatal y se encarga de la gestión de más de 6.000 kilómetros de rutas y autopistas a lo largo de diversas provincias, incluyendo Buenos Aires y Mendoza. Con un equipo de más de cuatro mil empleados, la empresa no solo realiza el mantenimiento de las vías, sino que también se encarga del cobro de peajes y ofrece servicios a los usuarios, como asistencia en carretera y control de cargas.

Ante estas irregularidades, la Oficina Anticorrupción ha presentado una denuncia penal que será investigada por el juez federal Ariel Lijo. La auditoría abarcó el 53,17% de los litigios en los que Corredores Viales S.A. es parte, revelando que en uno de los casos más significativos, una reclamación de 590 millones de pesos se transformó en una liquidación que alcanzó los 1.206 millones. Es importante destacar que los abogados implicados ya no formaban parte de la empresa al momento de la intervención actual, que fue dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, por lo que las acciones en cuestión corresponden a una gestión anterior. A raíz de estos hallazgos, la nueva dirección de Corredores Viales ha implementado medidas para esclarecer lo sucedido y colaborar con las autoridades judiciales.