La contienda preelectoral en la provincia de Córdoba se agudiza a medida que se aproximan las elecciones, con los cerca de 140 intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) posicionándose como actores clave en esta dinámica. Estos líderes locales han demostrado ser fundamentales en el proceso electoral, y su influencia es crucial para cualquier candidato que aspire a la gobernación. En este contexto, las diferentes fuerzas políticas están intensificando sus estrategias, ejerciendo presiones sobre los intendentes para asegurar su apoyo y evitar que se alíen con competidores.
La Libertad Avanza (LLA), encabezada por el presidente Javier Milei, ha sido una de las primeras en lanzar amenazas directas a los intendentes radicales, prometiendo presentar candidatos propios en aquellos distritos que no brinden su apoyo. Esta jugada busca consolidar su presencia en la provincia y debilitar a la UCR, que ha sido un bastión político en Córdoba durante años. En paralelo, el actual intendente Martín Llaryora ha hecho saber que podría recortar fondos a aquellos que se muestren cercanos a Gabriel Bornoroni, un candidato al que se le atribuye una creciente influencia en la región.
Rodrigo de Loredo, un destacado referente de la UCR, ha manifestado su preocupación ante la situación interna del partido, especialmente tras el acercamiento de la diputada Soledad Carrizo al grupo liderado por Bornoroni y otros referentes del espacio libertario. De Loredo ha advertido que aquellos miembros de la UCR que se alineen con LLA podrían quedar excluidos de la conformación de listas una vez que se alcance un acuerdo con la Casa Rosada. Este conflicto interno refleja las tensiones que se viven dentro del radicalismo y la necesidad de mantener una unidad para enfrentar el desafío electoral que se avecina.
La creciente colaboración entre Bornoroni, Luis Juez y Laura Rodríguez Machado ha dado lugar a la creación de una nueva alianza llamada “Alianza por la Libertad”, que busca presentar un frente común contra el oficialismo provincial. Sin embargo, los analistas políticos sugieren que el éxito de esta coalición dependerá de la capacidad de la oposición para unirse y presentar una alternativa sólida ante casi tres décadas de predominio del peronismo en Córdoba. La encuesta más reciente indica que la imagen de Javier Milei es la que cuenta con mayor aceptación, lo que añade presión sobre los partidos tradicionales para adaptarse a las nuevas corrientes del electorado.
De Loredo, por su parte, ha denunciado que las maniobras de La Libertad Avanza equivalen a una forma de “extorsión” política. En su declaración, enfatizó que los intendentes están siendo amenazados con la posibilidad de que se les impongan candidatos ajenos a sus comunidades. Esta estrategia, según él, no solo busca dividir a los intendentes radicales, sino que también revela una competencia feroz por el control del voto popular en Córdoba, un territorio que ha sido históricamente dominado por el peronismo.
El conflicto se complica aún más por el papel de Carrizo, quien, apoyada por Alfredo Cornejo, ha sido nombrada vocal en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Este nombramiento ha generado tensiones adicionales entre los sectores del radicalismo, ya que Carrizo ha sido vista como una figura que podría inclinar la balanza a favor de los libertarios. En este sentido, es fundamental observar cómo se desarrollan las negociaciones entre los intendentes y los distintos espacios políticos, ya que sus decisiones influirán significativamente en el panorama electoral de 2027.
En resumen, la lucha por el poder en Córdoba se recrudece con amenazas y desplazamientos políticos que ponen en jaque la unidad del radicalismo y la capacidad del peronismo para retener su influencia. La cercanía de las elecciones de 2027 promete ser un campo de batalla intenso, donde las alianzas y los movimientos estratégicos de los actores locales definirán el futuro político de la provincia.
