Un fallo de la Justicia federal ha marcado un hito en la defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos en Argentina. La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, a través de su Sala I, ha condenado a una empresa proveedora de electricidad en un caso que involucra a una pareja de Florencio Varela, Buenos Aires, quienes sufrieron prolongados cortes de luz que totalizaron 286 horas en un periodo de tres años. La resolución no solo establece la responsabilidad de la empresa, sino que también determina los montos de indemnización que deberán ser abonados a los afectados, lo cual podría sentar un precedente en casos similares.
La disputa legal comenzó cuando los demandantes decidieron presentar una acción por daños y perjuicios en contra de la compañía eléctrica, tras enfrentar cortes de energía que no solo interrumpieron su vida cotidiana, sino que también les causaron pérdidas económicas significativas. En su reclamo, solicitaron compensaciones que incluían daños materiales, morales y un adicional por daño punitivo. Este último concepto es particularmente relevante, ya que busca sancionar a la empresa por su conducta negligente en la prestación de un servicio esencial.
Los usuarios detallaron en su demanda que los cortes de suministro eléctrico variaron en duración e intensidad, afectando de manera considerable su calidad de vida. La situación se volvió insostenible, ya que debieron enfrentar la pérdida de alimentos, complicaciones para realizar tareas domésticas y la necesidad de recurrir a métodos alternativos de iluminación y energía, como el uso de velas y generadores. Esta situación no solo generó incomodidades, sino que también expuso la vulnerabilidad de los usuarios ante la ineficiencia de un servicio fundamental.
La cifra total que los demandantes reclamaban ascendía a $1.400.000, dividida equitativamente entre ambos usuarios, además de intereses y costos judiciales. En el desglose del reclamo, se solicitaban $250.000 por daño moral, $150.000 por daño material y $300.000 en concepto de daño punitivo. A pesar de la defensa presentada por la empresa, alegando falta de legitimación activa y que los cortes fueron ocasionados por circunstancias de fuerza mayor, el juez de primera instancia falló a favor de los usuarios, condenando a la empresa a pagar $1.032.000 más intereses.
La evidencia presentada en el juicio, incluyendo informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), corroboró la frecuencia y duración de los cortes, lo que llevó al tribunal a considerar que la empresa no había cumplido con su obligación contractual. En este sentido, la sentencia fue contundente al afirmar que la compañía debía hacerse responsable por los daños ocasionados a los usuarios, sentando un claro mensaje sobre las obligaciones que tienen las empresas de servicios públicos.
Ante este fallo, la empresa decidió apelar, cuestionando tanto la responsabilidad dictada como la cuantía de los montos indemnizatorios. Sin embargo, la Cámara Federal, al revisar el caso, desestimó los argumentos de la empresa, subrayando que la responsabilidad del proveedor de un servicio esencial no puede ser eludida fácilmente. La Corte enfatizó que, para liberarse de dicha responsabilidad, la empresa debe demostrar la existencia de causas ajenas que justifiquen su incumplimiento, algo que no logró probar en este caso.
Este fallo no solo representa una victoria para los usuarios afectados, sino que también abre un debate sobre la calidad de los servicios públicos en Argentina y la necesidad de una regulación más estricta que garantice el derecho a un suministro adecuado y continuo. La decisión de la Justicia podría incentivar a otros usuarios a reclamar por situaciones similares, fortaleciendo así la defensa de los derechos de quienes dependen de estos servicios básicos para su vida diaria.
