La fiscal federal Cecilia Incardona ha solicitado al juez Luis Armella que amplíe la imputación a Maximiliano Ariel Vallejo, un empresario estrechamente relacionado con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Vallejo, quien ya enfrenta cargos por lavado de activos y asociación ilícita, podría ser acusado también de administración fraudulenta como partícipe necesario en un esquema delictivo que ha llamado la atención de las autoridades. Este nuevo cargo se inscribe en un contexto más amplio de denuncias que afectan a la empresa Sur Finanzas, de la cual Vallejo es propietario, que ha sido vinculada a operaciones irregulares dentro del mundo del fútbol argentino.
La causa judicial que se encuentra en trámite ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora se originó a raíz de una denuncia presentada por la empresa Auriga League S.A. Esta firma había otorgado un préstamo de dos millones de euros al Club Atlético Banfield, el cual, según los denunciantes, nunca fue saldado. A partir de esta denuncia inicial, la investigación de la fiscal Incardona ha ido revelando un entramado delictivo más extenso, que supuestamente funcionó de manera constante desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2025, involucrando a varios clubes de fútbol en la Argentina.
El eje central de esta investigación es el holding Sur Finanzas, que se habría establecido como un mecanismo para captar recursos de clubes en crisis financiera. Según la acusación, esta entidad otorgaba préstamos a tasas usurarias y luego lavaba las ganancias a través de un complejo sistema de sociedades interconectadas. Entre las maniobras identificadas se encuentran descuentos de cheques con tasas excesivas, contratos de mutuo con intereses considerados usurarios por la fiscalía, y la imposición de utilizar sistemas de pago propios de la empresa, todo ello acompañado de contratos de patrocinio ficticios que camuflaban transferencias de dinero.
La magnitud de las operaciones de lavado de activos es alarmante, con la fiscalía estimando que el monto supera los 108 millones de dólares. Además, se ha denunciado una evasión de impuestos significativa, específicamente en el Impuesto a los Débitos y Créditos, calculada en 3.327 millones de pesos. A su vez, se están investigando operaciones sospechosas que totalizan 818.000 millones de pesos, en una causa paralela liderada por el juez Federico Villena, que actualmente se encuentra en proceso de unificación con la causa de Armella, tras una orden de la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata.
En el marco de esta investigación, se han llevado a cabo más de 40 allanamientos, donde se han confiscado dispositivos electrónicos, documentación contable, y dinero en efectivo en diversas divisas. También se han encontrado biblioratos que contienen contratos de al menos 16 clubes de fútbol, entre los que se destacan San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los mensajes de texto recuperados de los teléfonos incautados han revelado órdenes para eliminar información sensible, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos después de los operativos policiales.
La acusación sostiene que el circuito de lavado de activos operaba a través de una red de sociedades que incluía a Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A., y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. Este entramado no solo pone en jaque la integridad del sistema financiero, sino que también plantea seriosas interrogantes sobre la relación entre el deporte y el crimen organizado en el país. A medida que avanza la investigación, se espera que más detalles salgan a la luz, lo que podría tener repercusiones significativas en el ámbito del fútbol argentino y en las instituciones que lo rigen.
