El ministro de Hacienda, Arcadi España, llevará a cabo este lunes una importante reunión con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local. El objetivo de este encuentro es establecer directrices sobre la estabilidad de las administraciones públicas, un aspecto crucial en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2027. Este paso es fundamental para sentar las bases de la planificación financiera del gobierno y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.

Esta reunión se produce tras la reciente presentación del cuadro macroeconómico que sirve como referencia para los futuros presupuestos. En él, el Gobierno español ha anunciado mejoras en las proyecciones de crecimiento económico, lo que abre un panorama optimista para las cuentas públicas. Sin embargo, la tarea que enfrenta Hacienda no es sencilla; la reunión con las comunidades autónomas es esencial para discutir los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que cada administración debe asumir.

Posteriormente, se espera que el Consejo de Ministros apruebe, en su reunión del martes, tanto el límite de gasto no financiero como los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esta aprobación es un paso necesario antes de que los documentos sean enviados a las Cortes para su votación. Según fuentes del Ejecutivo, el Congreso de los Diputados podría votar los objetivos de estabilidad y el reparto del déficit en un Pleno extraordinario programado para el 14 de julio, lo que es poco habitual al realizarse fuera del periodo de sesiones ordinarias.

Es importante señalar que, en caso de que estos objetivos no sean aprobados en la primera votación, existe la posibilidad de una segunda ronda el 23 de julio. Esta situación no es nueva; el Gobierno ha enfrentado dificultades para lograr la aprobación de los objetivos de estabilidad en legislaturas anteriores. De hecho, el último intento en diciembre de 2025 resultó en un fracaso, cuando se buscaba avanzar con los presupuestos de 2026, lo que pone de relieve la complejidad del proceso legislativo en este ámbito.

En esa ocasión, el Gobierno había propuesto una trayectoria fiscal que incluía la reducción del déficit del conjunto de Administraciones Públicas, bajando del 2,1% en 2026 al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Además, se estableció un déficit específico del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas, manteniendo el mismo objetivo que el año anterior, mientras que se marcó la estabilidad presupuestaria como meta para los municipios.

A pesar de los tropiezos en el Congreso, el Gobierno no dejará de lado la elaboración de los Presupuestos. Ha logrado el apoyo de la Abogacía del Estado para presentar un nuevo esquema de reparto del déficit que no requiere control parlamentario. Este plan fiscal estructural a medio plazo ha sido remitido a la Comisión Europea, lo que refleja una estrategia dual en la que se busca avanzar en la gestión fiscal sin depender exclusivamente de la aprobación legislativa.

Por último, la intención de Hacienda es convocar una nueva reunión del CPFF antes de agosto, lo que permitirá avanzar en la discusión sobre el nuevo modelo de financiación. Este encuentro será clave para preparar el terreno antes de la aprobación del modelo por parte del Consejo de Ministros y su posterior tramitación, en un contexto donde la sostenibilidad financiera y la responsabilidad fiscal son más relevantes que nunca.