En una reciente decisión del Gobierno guatemalteco, se ha prorrogado por 15 días el estado de prevención para hacer frente al crimen organizado, aunque esta vez se aplicará de manera más restrictiva, abarcando solo seis de los 22 departamentos que conforman el país. La medida, firmada por el presidente Bernardo Arévalo de León durante una reunión del Consejo de Ministros, se ha publicado en el Diario de Centro América, el boletín oficial del gobierno. Esta estrategia busca concentrar los esfuerzos en las áreas con mayor incidencia delictiva, donde se han registrado los niveles más altos de actividad criminal.
Los departamentos que continuarán bajo este régimen son Guatemala, que incluye la capital, Escuintla en el sur, Izabal en la región caribeña, así como Petén, San Marcos y Huehuetenango, todos ellos con una frontera directa con México. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que esta decisión forma parte de una estrategia de “desescalada” para abordar la violencia en el país. Según Villeda, la elección de estos departamentos se fundamenta en el elevado porcentaje de delitos que se cometen en estas zonas, lo que justifica la prolongación de la medida en un intento por desarticular las estructuras criminales que operan en ellas.
En su exposición, el ministro Villeda mencionó los logros obtenidos en departamentos como Escuintla y la capital, donde se han puesto en marcha planes de seguridad denominados “Centinela”. Estos programas han logrado generar períodos de hasta 12 días sin homicidios en las áreas más conflictivas. La permanencia de la medida en los departamentos fronterizos también responde a la necesidad de prevenir la infiltración de grupos del narcotráfico y mantener un control más riguroso sobre el tráfico de estupefacientes que transita por estas regiones.
En términos de resultados, las autoridades han reportado en los últimos 15 días la incautación de un total de 22 armas de fuego, 892 teléfonos celulares y la neutralización de 35 enrutadores de Wi-Fi en las prisiones, como parte de las requisas planificadas para evitar que los grupos criminales continúen operando desde dentro de las cárceles. Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno para debilitar la capacidad de las organizaciones criminales, que se han adaptado a las circunstancias y han utilizado métodos cada vez más sofisticados para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Es importante recordar que Guatemala ha estado bajo medidas excepcionales desde el 18 de enero, luego de una serie de ataques por parte de pandillas que resultaron en la muerte de 11 policías. Estas agresiones se produjeron en represalia a la intervención de las fuerzas públicas en tres cárceles que habían sido tomadas por reos en una revuelta. En respuesta a esta crisis, el Ejecutivo decretó inicialmente un estado de sitio, que otorga amplios poderes al gobierno para militarizar servicios públicos y realizar detenciones sin orden judicial. Sin embargo, tras un mes, se decidió cambiar a un estado de prevención, que permite un control más flexible sin suspender por completo las garantías constitucionales.
El presidente Arévalo de León ha subrayado que estas decisiones, tomadas en coordinación con su gabinete, han logrado disminuir la tasa de homicidios y recuperar el control de los centros penitenciarios del país. Aunque la situación sigue siendo crítica, el enfoque en áreas específicas y la implementación de estrategias focalizadas parecen estar dando sus frutos. A medida que el Gobierno continúa monitoreando la situación, será crucial evaluar la efectividad de estas medidas en el largo plazo y su impacto en la seguridad y la estabilidad social de Guatemala.
